“Hagamos que las cosas se viralicen”: actores armados, conflictos por los bosques y apropiación de las TIC en la Sierra de Guerrero, México
“Let´s Make Things Go Viral”: Armed Actors, Forest Conflicts, and ICT Appropriation in the Sierra of Guerrero, Mexico
DOI:https://doi.org/10.31644/ED.IEI.V22.2025.A18
*Evelyn Mejía Carrasco https://orcid.org/0000-0001-7400-4328
*Universidad Autónoma de Guerrero, Guerrero, México. E-mail: evelynmeca@gmail.com
Resumen
A partir del análisis cualitativo de una serie de videos difundidos en el perfil de Facebook del líder de un grupo de autodefensa inmerso en los actuales conflictos por los bosques en la Sierra de Guerrero, México, este artículo explora el mundo de sentido que se articula en dichas narrativas digitales. En contraste con los enfoques teórico-metodológicos predominantes en la literatura latinoamericana y mexicana para abordar los procesos de apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) por parte de la sociedad civil, este trabajo se centra en las significaciones plasmadas por actores armados y vinculados a contextos de violencia en las redes sociales, así como en el carácter político de sus discursos e interacciones. A través de tres coordenadas analíticas, se traza un puente entre el mundo de vida y las significaciones relativas a la seguridad, los agravios, el Estado, la acción colectiva y las violencias que el líder del grupo de autodefensa expone en la red social Facebook. Para concluir, se sostiene la necesidad de desarrollar una línea de investigación que, desde el enfoque de la subjetividad, permita abordar y comprender los procesos de apropiación de las TIC entre actores armados y sujetos inmersos en contextos de violencia.
Palabras clave
Actores Armados; violencias; subjetividades; Ejido Guajes de Ayala; redes sociales digitales; conflictos por los bosques
Abstract
Based on a qualitative analysis of a series of videos shared on the Facebook profile of the leader of a self-defense armed group involved in ongoing forest conflicts in the Sierra of Guerrero, Mexico, this article explores the world of meaning articulated through these digital narratives. In contrast to the theoretical and methodological approaches commonly used in Latin American and Mexican scholarship to analyze ICT appropriation among civil society actors, this study focuses on the meanings produced by armed actors embedded in contexts of violence, as well as on the political character of their narratives and interactions on social media. Through three analytical coordinates, the article establishes a link between everyday life and the meanings attributed to security, grievances, the state, collective action, and violence as expressed by the leader of the self-defense group on this platform. In conclusion, the paper argues for the need to develop a research agenda grounded in the subjectivity approach in order to better understand processes of ICT appropriation among armed actors and subjects living in violent contexts.
Keywords
Armed actors; Violence; Subjectivities; Ejido Guajes de Ayala; Social Media; Forest Conflicts
Introducción
En febrero de 2021 inicia la publicación de una serie de videos en la plataforma de contenido compartido de Facebook desde la comunidad rural de El Pescado, municipio de Coyuca de Catalán, ubicado en la región de la Tierra Caliente, en la Sierra de Guerrero, México.1 Estos videos muestran paisajes del bosque y de la deforestación; narraciones del comisario ejidal de esta comunidad, cuyo interés es “documentar y decir cómo han sido en realidad los hechos”; así como eventos de violencia en devenir, tales como balaceras o enfrentamientos entre grupos armados. Algunas publicaciones, acompañadas por los hashtags de medios de comunicación, instituciones de los gobiernos federal y estatal, las fuerzas armadas y organismos de derechos humanos, tuvieron un amplio alcance. Especialmente aquellas que muestran videos de mujeres, niñas, niños y personas de la tercera edad atrincheradas en un pequeño centro de salud para protegerse de los enfrentamientos que ocurren en el bosque. Estos videos cortos exhiben escenas de angustia y desesperación narradas por una mujer que, a la par, exige la presencia del Ejército y la Guardia Nacional para protegerlos.2 Si bien estas instituciones respondieron al llamado, su presencia no produjo cambios significativos, pues continuaron ocurriendo eventos similares en meses y años venideros.
El análisis de las publicaciones realizadas en el perfil de Facebook del “Ejido Guajes de Ayala”, ahora llamado “Ejido Guajes de Ayala (Ideales de un cualquiera)”, abrió una línea de indagación derivada de mis investigaciones sobre la reconfiguración de los conflictos por los bosques en esta región.3 Tales procesos, ocurridos en el periodo 2020-2023, se enmarcan en la crisis del cultivo de la amapola y del precio de la goma de opio, la agitación del orden criminal y el recrudecimiento de las violencias ejercidas por actores armados. Los videos publicados en este perfil por el representante ejidal, quien es también líder del grupo armado de autodefensa, abren una discusión relativa a cuestiones de mayor alcance sobre el estudio de las violencias, sus sujetos y subjetividades, así como sobre los procesos de apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Al respecto, el artículo se pregunta ¿Cómo es el mundo de sentido que habitan los actores armados involucrados en conflictos por la tierra y la naturaleza? ¿Cuáles y cómo son las significaciones del conflicto, los agravios y las violencias que postulan en el ámbito público a través de los servicios de contenido compartido, particularmente Facebook? Más aún ¿Disponemos de herramientas teórico-conceptuales en las ciencias sociales latinoamericanas y en México para dar cuenta de las significaciones y procesos de apropiación tecnológica de estos actores?
El artículo sugiere que esto no es así, hasta el momento en América Latina y México no contamos con una línea de investigación consolidada ni herramientas téorico-conceptuales que permitan comprender estos procesos. Para mostrarlo, inicialmente, haré un balance sobre el estudio de las violencias en América Latina con el fin de evidenciar la poca relevancia que tienen en este campo de estudios de las investigaciones interesadas en los sujetos y las subjetividades; así como el análisis de la influencia que ejercen los actores armados en los procesos micro-políticos en territorios rurales. Posteriormente recupero los conceptos de tecnopolítica y ciberactivismo, predominantes en la literatura en América Latina y México para abordar los procesos de apropiación de las TIC entre la sociedad civil, su involucramiento con diversas formas de activismo y acción colectiva. A partir de ello, se plantea la “paradoja de las redes sociales” (García, 2021), noción que refiere tanto a su potencial transformador como a su lado oscuro, esto es, la diseminación del miedo y la violencia cuando son utilizadas por actores armados o grupos criminales.
Se discute y contrasta este marco conceptual con el caso del Ejido Guajes de Ayala, con el fin de mostrar algunas de sus limitantes para explorar el mundo de sentido que los actores armados exponen en las redes sociales, así como el carácter político de sus narrativas e interacciones. Sitúo el caso de estudio por medio de una serie de coordenadas analíticas y contextuales para trazar un puente entre el mundo de vida y las significaciones sobre la seguridad, los agravios, el estado, la acción colectiva y las violencias que exponen en la red social Facebook. Se concluye que las herramientas conceptuales vigentes reproducen la visión instrumental de la violencia desde el discurso dicotómico de la “buena” y la “mala” sociedad civil (Alexander, 2013), lo que impide el análisis de los sujetos de las violencias y sus procesos de apropiación de las TIC. Ante ello, es necesario desarrollar una línea de investigación que permita comprender estos procesos y, eventualmente, proponer posibles salidas a las violencias, los conflictos y sus sujetos (Wieviorka, 2018).
El estudio de las violencias y la subjetividad
A inicios del siglo XXI, Imbush, Misse y Carrión (2011) realizaron un balance sobre las condiciones y el desarrollo del campo de estudios de las violencias en América Latina. En este enfatizaron la necesidad de contar con análisis más detallados sobre sus causas y razones, así como de estudios comparativos para entender su variablidad intrarregional; generar avances teórico-metodológicos y trascender los estudios descriptivos predominantes; mejorar la calidad de la información empírica y las bases de datos; y fortalecer el trabajo en red entre especialistas.
Si bien estos retos se mantienen vigentes, tenemos avances importantes en cuanto al estudio de la relación entre violencias y regímenes políticos, las violencias asociadas a grupos del crimen organizado y a actores armados no estatales, las respuestas de los gobiernos y la privatización de la seguridad (Vilalta, 2020). A esto habría que agregar el acervo de conocimiento generado por especialistas comprometidos que acompañan movimientos de víctimas de estas violencias en diversos países de la región, cuyas luchas profundizan las discusiones sobre la justicia, la reparación y la memoria en los regímenes democráticos (Gottsbacher y De Boer, 2016).
En la última década, el estudio de estas violencias en México ha sostenido un ritmo creciente ante su recrudecimiento en diversos territorios del país. Disponemos de análisis cualitativos y cuantitativos que indagan la violencia criminal, su composición, implicaciones y efectos en distintas regiones. En su mayoría estos estudios abordan la relación con la seguridad, la militarización, el Estado, el sistema político y discuten las fronteras entre lo legal e ilegal (Knight, 2012; Serrano, 2012 y 2020; Valencia, 2012; Pereyra, 2012; Zárate, et al, 2014; Maldonado, 2013; Schedler, 2016; Trejo y Ley, 2016; Zepeda, 2018; Iliades y Santiago, 2019; Hernández, 2020; Bejarano, 2021; Ramírez, 2022; entre otros). A la par, otras investigaciones registran los efectos devastadores para la población dada la dolorosa cantidad de personas muertas, desaparecidas y desplazadas de manera forzada en diversas regiones del país (Reguillo, 2013; Oldalde, 2015; Zavaleta, 2016; Martínez y Aguilar, 2016; Robledo, 2014, 2016; Estévez, 2018; Gravante, 2018; De Marinis, 2019; Durin, 2019a y 2019b; Hernández, 2019; Argüello, 2021; Ansolabehere, 2021; Calveiro, 2021; por mencionar algunos). De igual forma, la literatura registra y comparte las luchas y estrategias emprendidas por colectivos de familiares y organizaciones de la sociedad civil que someten a discusión temas como la justicia, la verdad y la memoria, entre otros (Ley, 2016; Villareal, 2014; Ávalos, 2017; Loeza y Richard, 2018, Del Carmen, 2019; Franco, 2019; Martínez, 2021; Del Palacio y Torres, 2022, entre otros)
Por lo general, la literatura sobre las violencias en América Latina y México ha privilegiado análisis estructurales que atribuyen al Estado y al sistema de producción capitalista la responsabilidad de generar un conjunto de condiciones de desigualdad, pobreza, marginación y exclusión que hacen a esta región y sus habitantes proclives a la violencia. Asimismo, se le concibe de modo instrumental, es decir, como un medio que permite a ciertos actores alcanzar fines concretos u obtener beneficios a través de ella, como el mantenimiento del poder, la dominación de grupos subordinados, el control territorial o la adquisición de recursos económicos o materiales. Las lecturas sobre la cultura de la violencia, por su parte, atribuyen su producción y reproducción a un conjunto de patrones, ideologías, representaciones y símbolos socialmente construidos y compartidos por grupos específicos que les otorgan sentido.
Algo similar ocurre en el prolífico campo de estudios sobre los conflictos por la tierra, el territorio y la naturaleza profundizados a partir de la reestructuración de la economía neoliberal que despliega múltiples procesos de despojo en todos los países del continente. En la vasta literatura tanto académica como de la sociedad civil organizada disponible en América Latina y México relativa a tales procesos, el estudio de las violencias ha sido poco abordado y conducido por medio de las coordenadas analíticas señaladas. Privilegiando una lectura estructural e instrumental, se identifican actores políticos, empresariales y criminales como los responsables de las violencias ejercidas con el propósito de apropiarse de la riqueza de los pueblos y comunidades subordinadas. También consolida una narrativa que subraya la represión política, la criminalización de la protesta y la movilización social de los pueblos originarios y comunidades organizadas que denuncian y resisten estos embates.
En este marco, tanto en las ciencias sociales latinoamericanas como en México se ha prestado poca atención al ámbito de la subjetividad y a los sujetos de las violencias (Wieviorka, 2014; Misse, 2018). En esta línea se aspira a comprender el mundo de sentido y las tramas relacionales que configuran prácticas, discursos y lógicas transgresoras de los valores morales y normativos que distinguen entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo legal e ilegal (Kloppe-Santamaria y Carey, 2020). Tal postura analítica abre un vasto horizonte sobre los mundos de significación desplegados y contenidos por las violencias que requiere ser analizado pues las visiones tradicionales, habiendo hecho importantes aportaciones, parecen limitadas al encontrarse con algunos de sus procesos, lógicas y sujetos. Por ello, indagarlos abona al avance de una línea de investigación poco explorada hasta el momento; y es desde esta perspectiva que se plantean las preguntas expuestas al inicio del documento, así como el análisis del caso y la discusión de las herramientas conceptuales que se desarrolla más adelante.
Vale decir que la configuración de las violencias en América Latina y México admite particularidades que las distinguen de aquellas vividas en otras latitudes, especialmente en lo referente al nexo con procesos políticos de diverso calado. La propuesta del pluralismo violento elaborada por Desmond y Goldstein (2011), desde una postura crítica frente al paradigma democrático liberal, refuta el argumento que asume el aumento de las violencias como resultado de un “fallo” de los regímenes democráticos latinoamericanos. Esta perspectiva refiere a la histórica coexistencia de múltiples actores de la violencia que intervienen en las prácticas y las subjetividades políticas en nuestras democracias; reconoce las lógicas de orden y desorden que se desenvuelven tanto al margen como al amparo de la ley. También explora las diversas relaciones entre actores de la violencia, la sociedad civil y agentes del estado que influyen en la experiencia cotidiana de los procesos políticos formales e informales. Ello modifica los entendimientos, discursos y significaciones del estado, las instituciones, la ley, la seguridad, los derechos y los procesos políticos a nivel subnacional.
Posteriormente, Desmond (2017) desarrolló una propuesta teórico-metodológica para indagar comparativamente los regímenes armados que configuran órdenes micro políticos. Lo anterior en función del tipo de relaciones de colaboración o competencia establecidas por los actores armados, usualmente vinculados al crimen organizado, con el sistema político más amplio que define su papel en la co-producción de orden, seguridad, desorden y violencias desplegadas en la vida cotidiana de territorios urbano-marginales en Jamaica, Colombia y Brasil.
Si bien esta propuesta fue pensada para espacios urbanos, sus potencialidades para explorar la configuración de los órdenes micro-políticos en territorios rurales son vastas, así como para analizar el carácter político que los actores armados imprimen a sus discursos, prácticas y relaciones en lo local. En los territorios rurales habitan y coexisten actores armados e institucionales que igualmente establecen relaciones diversas de colaboración y competencia e inciden en la experiencia cotidiana, las subjetividades, las significaciones y prácticas políticas entre la sociedad civil, tal como se expondrá a través del caso del Ejido Guajes de Ayala.
Límites de la tecnopolítica y el ciberactivismo
Un campo de estudios de reciente exploración es el de la apropiación social e influencia de las TIC en diversos ámbitos de la vida. La literatura latinoamericana y mexicana enfatiza su poder democratizador y potenciales virtudes para favorecer el acceso a la educación, la cultura y el conocimiento entre la población, pues fomentan la participación ciudadana, comunitaria y colectiva en discusiones de interés público. Paralelamente, esta literatura advierte los retos de conectividad e infraestructura que enfrentamos dada la brecha digital en el continente y al interior de cada país, la cual afecta tanto a las poblaciones rurales y urbano-marginales como a sectores sociales vulnerables o en desventaja. De igual forma se alerta respecto a los potenciales riesgos asociados a su uso y apropiación bajo la lógica de la vigilancia y securitización que criminaliza ciertos sectores sociales; la carencia de legislación para la protección de datos personales; la calidad de la información y la propagación de noticias falsas, entre otros (Rivoir y Morales, 2019; Canales y Herrera, 2020).
Los procesos de apropiación de las TIC se han analizado con especial énfasis en el ámbito de la acción colectiva, resaltando su potencial para las diversas formas de activismo. Incluso se ha planteado la existencia de una “comunicología liberadora” (Sierra, 2019), que permite a los grupos subalternos y beligerantes subvertir las relaciones de poder con los medios de comunicación tradicionales e impulsar procesos de cambio social desde abajo (Sierra y Gravante, 2017; 2019). Ya sea por medio de sistemas de comunicación comunitarios o populares, o bien a través del uso de plataformas y servicios de contenido compartido como Facebook, Instagram o X —antes Twitter—, las experiencias de diversos países exponen cómo estos procesos de comunicación horizontal favorecen la articulación de interacciones online y offline, detonando acciones colectivas de protesta en el espacio público, así como la configuración o sostenimiento de movilizaciones sociales de mayor calado (Pleyers, 2018).
En la literatura predominan dos conceptos para analizar la relación entre la esfera política y la tecnológica en las sociedades latinoamericanas: tecnopolítica y ciberactivismo. Ambos refieren a la apropiación de las TIC entre grupos excluidos, autónomos y beligerantes; a procesos de subjetivación política y al vínculo indisociable con la práctica cotidiana, articulando un continuo entre el mundo de vida y las múltiples formas de involucramiento político y activisimo en los espacios virtuales (Castañeda y Ospina-Avarado, 2022). El concepto de tecnopolítica se define como “el uso táctico y estratégico de las herramientas digitales para la organización, la comunicación y la acción colectiva” (Toret, 2015, citado en Ávalos, 2019, pp. 35-36). Por su parte, el ciberactivismo refiere a “toda estrategia que persigue el cambio de la agenda pública, la inclusión de un nuevo tema en el orden del día de la gran discusión social, mediante la difusión de un determinado mensaje y su propagación a través del ‘boca a boca’ multiplicado por los medios de comunicación y publicación electrónica personal” (De Ugarte, 2007, citado en Burgos, 2017).
El carácter dialógico de las redes sociales favorece la propagación de narrativas entre un público más amplio, estimula la generación de empatía y solidaridad con las causas promovidas y propicia el establecimiento de conversaciones con adversarios, posibilitando debates sobre temas de interés público. En este sentido, “la creación de narrativas articuladas a través de hashtags… por sus posibilidades de generación de hilos de conversación y/o cadenas de interacción alrededor, puede ampliar las posibilidades de identificación de los sujetos con el otro y las de señalamiento de actores institucionales (sobre todo gobiernos y empresas privadas)” (Abrego, Bona y Reguillo, 2019, p. 29). Adicionalmente, ambos conceptos permiten dar cuenta de las formas en que la sociedad civil utiliza las redes sociales como estrategia de protección, denuncia y cuidado ante los desafíos planteados por contextos marcados por la violencia (Abrego, Bona y Reguillo, 2019; García 2020).
Sin embargo, las TIC son también herramientas para generar estrategias de prevención de la violencia, de seguridad privada, pública y nacional; a la par que constituyen un ámbito de especialización de los grupos del crimen organizado para desarrollar actividades delictivas, organizacionales y comunicativas. Así emerge lo que García (2020) refiere como la “paradoja de las redes sociales” pues, por un lado, fomentan procesos organizativos críticos y beligerantes, mientras por otro, favorecen la diseminación del terror entre la sociedad y la legitimación de la violencia que ejercen actores armados y criminales.
Mientras en otras latitudes se ha analizado cómo grupos terroristas, extremistas y actores armados se apropian de las redes sociales para legitimar sus causas y ampliar su base, esto no ha ocurrido de la misma manera en América Latina. No obstante, una línea de investigación reciente explora la creciente presencia de grupos del crimen organizado en las redes sociales particularmente en el caso de México. Desde el análisis de redes (network analysis), los estudios existentes esperan propiciar un mayor entendimiento sobre su comportamiento, interacción e influencia en diversas plataformas con el fin de generar estrategias de seguridad más efectivas para su combate (Savage y Monroy, 2015; Dávila, 2016; García, 2020; Correa-Cabrera, 2021). Paralelamente, otros trabajos analizan, bajo la óptica del ritual, las violencias extremas expuestas por estos grupos a través de videos en plataformas de contenido compartido (Pereda, 2021; Cisneros, 2022).
La paradoja de las redes sociales nos confronta con los límites de las herramientas conceptuales disponibles en América Latina para abordar los procesos de apropiación de las TIC entre diversos actores sociales, particularmente aquellos armados. Es necesario apartarnos del discurso de la seguridad, la perspectiva positiva y estática del sujeto consolidada en las ciencias sociales de finales del siglo XX que permea la literatura sobre tecnopolítica y ciberactivismo para analizar los procesos de apropiación y uso de estas herramientas tecnológicas de parte de actores armados y de la violencia. Resulta imperativo reconocer, tal como sostiene Wieviorka (2014), que existe un vínculo inextricable entre los sujetos y las violencias que practican, por lo que comprender el mundo de sentido, las significaciones que plasman en las redes sociales y el continuo de sus interacciones online y offline es necesario para analizar sus alcances a nivel local y regional. De este modo será posible avanzar en la comprensión de la trama relacional en la que se insertan estos actores, de sus significaciones sobre sí mismos, sobre las violencias y los agravios vividos, y de sus relaciones con el Estado, las instituciones y la población local. En conjunto, estos elementos configuran sus prácticas de construcción de seguridad, orden y desorden, así como la influencia que ejercen en los procesos y las subjetividades políticas.
Coordenadas analíticas y contextuales
En este apartado se trazan las coordenadas empleadas para abordar el conflicto por los bosques en el Ejido Guajes de Ayala en el periodo 2020-2023. Para ello, se articulan procesos socio-históricos con la reconfiguración de un orden micro-político en el que coexisten diversos actores armados, legales e ilegales con presencia activa en la región. La investigación de la que se desprende el análisis realizado en este documento fue de corte cualitativo comparativo y abordó tres confictos activos en el mismo periodo, ubicados en tres municipios de la región de la Sierra de Guerrero. Se recurrió a fuentes primarias y secundarias, donde, para la indagación, se definieron los siguientes ejes analíticos: historicidad de los confictos por la tierra y la naturaleza, el legado de las violencias vividas y reconfiguración del orden micro-político. A continuación, se presentan los principales contenidos de cada eje, con el propósito de proporcionar elementos suficientes para ahondar posteriormente en el mundo de sentido, las significaciones y la trama relacional expuesta por los actores armados en las redes sociales.
Historicidad de los conflictos por los bosques
El primer eje rastrea el vínculo entre violencias y controversias en la apropiación de la tierra y la naturaleza, situándolos en el marco de un régimen político particular, por lo que reconstruye los conflictos por los bosques en la región de la Sierra y las violencias que los han acompañado a nivel regional. En este eje se identifican los actores involucrados, se exploran sus concepciones sobre el territorio y se analizan las significaciones y formas de apropiación de la tierra y la naturaleza, las cuales pueden presentar variaciones en función del modelo económico vigente. Lo anterior delinea los tipos de conflicto, así como las interpretaciones contrapuestas que manifiestan.
La región de la Sierra de Guerrero se ha caracterizado por albergar una abundante riqueza natural, mineral, alimentaria, acuífera y forestal —de maderas finas como pino, encino, ceiba, parota, roble blanco, cedro rojo, nogal, fresno y zapote negro—. El interés por la explotación de sus bosques se remonta a inicios del siglo XX con una industria extractiva operada a través de diversas compañías extranjeras como la American-Mexican Pacific Co., Cía. American Washington Acapulco, S.A., Guerrero Land and Timber Co. y Maderas Papanoa S.A., entre otras que, por medio de estrategias políticas y económicas de apropiación y aprovechamiento, beneficiaron a las élites de poder regional y caciques aliados del régimen priista (Bustamante, 2003).
A la par corren los procesos organizativos del campesinado y movilizaciones sociales de diverso calado que Bartra (1996) clasifica en tres periodos. El primero, en el marco del régimen posrevolucionario mexicano, registró la privatización de los bosques principalmente en beneficio del cacique Melchor Ortega y su empresa Maderas Papanoa S.A., quien contaba con un grupo de pistoleros a su mando para amedrentar a la población local, mientras las comunidades campesinas organizadas no lograban concretar un modelo autogestivo de aprovechamiento silvícola.
El segundo periodo comprende las décadas de 1960 y 1970 y refiere a las guerrillas rurales de Genaro Vásquez Rojas y Lucio Cabañas Barrientos (1966-1974), cuyas preocupaciones giraban en torno a las adversas condiciones de vida de los pueblos; la explotación extrema de los recursos forestales; la caída de los precios del café y la falta de créditos para el campo; la estructura violenta operada por caciques, pistoleros, gobierno estatal y federal; entre otras (Oikión, 2007). En este marco, el organismo público descentralizado Forestal Vicente Guerrero (FOVIGRO) operó como “un instrumento antiguerrillero que trataba de ‘peinar la Sierra’ y hacerles llegar apoyos a los ejidatarios para que desistieran de enrolarse en la guerrilla” (Vargas, 2016). Ambas guerrillas fueron aniquiladas por el ejército mexicano y grupos paramilitares o “guardias blancas” bajo el argumento de la seguridad nacional, cometiendo crímenes de lesa humanidad en contra de sus integrantes, así como en contra la población local. Posteriormente, en distintos ejidos se desarrollaron proyectos de aprovechamiento forestal y manejo silvícola que se consolidaron en las décadas de 1980 y 1990, con el Ejido El Balcón como el ejemplo más destacado (Barton y Merino, 2004), aunque desde el año 2014 entrara en una fuerte crisis derivada de una serie de conflictos internos que aún no han logrado resolverse.
El tercer y último periodo corresponde a la primera movilización ecologista ocurrida en la década de 1990, una vez echada en marcha la implementación del modelo económico neoliberal en México. La empresa canadiense Boise Cascade y La Unión de Ejidos Forestales “Rubén Figueroa” —asociada a grupos afines al gobierno priista de la época— iniciaron la explotación del bosque de la Sierra de Petatlán en la Costa Grande. La tala inmoderada, la escasez de agua y la erosión del suelo impulsó a un grupo de ejidatarios ecologistas liderados por Juan Bautista, Rodolfo Montiel, Jesús Mendoza, Celso Figueroa, Albertano Peñaloza y Felipe Arriaga a organizar, el 18 de febrero de 1998, el “Paro de las Maderas”. Este evento simboliza el inicio de la lucha por la conservación de los bosques y el cuidado de la naturaleza emprendida por la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), que culminó con el retiro de la empresa. No obstante, una ola de violencia se desató en contra de los líderes de la OCESP, impulsada por caciques regionales acompañados por pistoleros, el ejército mexicano y grupos paramilitares que derivó en detenciones, asesinatos y desapariciones forzadas (Camacho, 2002; Cienfuegos, 2003).4
A pesar de estos embates, en el año 2002 surge la Organización de Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OMESP), conformada por mujeres de diversas comunidades y rancherías interesadas en restaurar el entorno natural, recuperar la siembra y proteger el bosque. La OMESP se mantuvo activa y en constante crecimiento hasta el año 2011, cuando una nueva ola de violencia, que expresa la reconfiguración del régimen micro-político dada la participación de grupos armados vinculados a organizaciones criminales, acallara sus voces (Paredes, 2014). Este punto se retomará con mayor detalle en el eje tres, pues se inserta en el convulso contexto que marca la historia de la región en el siglo XXI y refiere a la reconfiguración contemporánea de los conflictos por los bosques.
El legado de las violencias vividas
El segundo eje analítico, profundamente vinculado con la historia regional, atiende el legado de las violencias vividas. En el marco de la investigación realizada, dicho legado se entiende como el ensamblaje de problemas y experiencias de sufrimiento social, recrudecidas por las experiencias de violencias vividas, que trastoca las conexiones colectivas e intersubjetivas y daña gravemente la subjetividad. Este eje indaga las significaciones sobre las violencias experimentadas o atestiguadas, los procesos de subjetivación y desubjetivación que generan, así como las formas de resistencia cotidiana que emergen frente a ellas. También aborda las narrativas y la memoria colectiva sobre estos eventos; atiende las experiencias de dolor, adversidad y pérdida; y considera las estrategias de recomposición y resignificación de la vida que las comunidades han desplegado. Con ello, explora el plano de los sentimientos, emociones y valores que se remueven.
Como se mencionó anteriormente, el combate contrainsurgente emprendido por el gobierno mexicano en la región de la Sierra de Guerrero —escenario de las guerrillas rurales de Genaro Vásquez y Lucio Cabañas— dejó profundas heridas abiertas hasta nuestros días. El terrorismo de Estado ejecutado por fuerzas castrenses y guardias blancas a través de la desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tortura e intimidación, no solo se dirigió contra integrantes de estas guerrillas, sino también contra sus familiares y la población local, incluso cuando esta no tenía relación alguna con los grupos beligerantes (Rangel y Sánchez, 2015). La presencia del ejército en pueblos y comunidades dejó una estela de miedo, enojo y dolor por los agravios vividos por hombres y mujeres contra quienes se ejercieron formas de violencia diferenciadas. “Cuando llegaban los militares no encontraban a ningún hombre en las comunidades [que por temor se escondían en la montaña] y las mujeres se convertían en el objeto de la ira del ejército. Había desde amenazas verbales, golpes, violaciones y hasta asesinatos de mujeres… [quienes] Son motivo, pretexto, botín y recompensa” (Vargas, 2016, p. 120).
Este periodo oscuro de la historia local dejó un número no calculado de mujeres viudas, quienes quedaron a cargo del cuidado y sustento de familias numerosas compuestas por hijas e hijos pequeños. Aunado a ello, ha animado las posteriores luchas de los colectivos de familiares de personas desaparecidas de manera forzada, víctimas y sobrevivientes del terrorismo de estado que persisten en la lucha por la memoria, la verdad y la justicia.
Las violencias vividas por la población serrana se densificaron en los años posteriores a la guerrilla rural, pues inició la política de seguridad nacional orientada a la erradicación de cultivos ilícitos, en un principio la marihuana y posteriormente la amapola. Para la región, esto significó la continuidad de la presencia militar y la profundización de las pérdidas, ya que, como refiere un informante entrevistado:
Después de Lucio Cabañas hubo una intromisión súper fuerte en la Sierra con el pretexto de combatir el cultivo de amapola y poder amedrentar, poder violentar a las poblaciones en la Sierra. Hombre que veían en el pueblo, varón, casado, no casado, varón de 15 años – 16 años, es varón que se lo llevaban, lo golpeaban, se lo llevaban a la cárcel o lo mataban, lo desaparecían. Todo con el pretexto de poder decir que andaban buscando células que habían quedado de Lucio Cabañas pero también, el combate del cultivo de la amapola. Entonces hay miles y miles de ejemplos de violencia, de muchas mujeres viudas, de muchos niños huérfanos, de mucha gente que quedó muerta en el camino, que no fue reconocida por sus familiares. (Entrevista 1, virtual, 24/02/2021)
Estos embates se mantuvieron activos hasta entrados los años noventa del siglo XX, y se recrudecieron con el surgimiento de dos movimientos guerrilleros en el estado de Guerrero: el Ejército Popular Revolucionario (EPR) en 1996 y el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), una escisión del primero, en 1997. Encontramos de esta manera la superposición de actores de la violencia legales e ilegales en la región de la Sierra cuya población guarda memorias de dolor, enojo y pena que acompañan sus inconmensurables pérdidas, así como una serie de agravios morales intergeneracionales que hacen eco en los actuales reclamos y conflictos. Las voces y rostros de las víctimas perduran en aquellos que les sobreviven, habitando en sus espacios íntimos, lugares de memoria, el campo, el monte, los ríos y los bosques.
Durante el siglo XXI este legado ha adquirido nuevas dimensiones, una vez reconfigurado el orden social, político y económico asociado a la consolidación de los grupos armados vinculados a organizaciones criminales, el aumento en la disponibilidad de armamento, la emergencia de las autodefensas y el inicio de la “guerra contra el narcotráfico” en 2006. Este periodo, tal como se mostrará en el eje analítico tres, produjo una nueva oleada de violencias que sugieren el reemplazo del ejército como principal ejecutor por otros actores armados que reproducen prácticas como la desaparición forzada, el homicidio, la tortura y el amedrentamiento, además de propiciar otras como el vigilantismo y el enfrentamiento entre grupos. Esto ha generado el desplazamiento interno forzado de pueblos y comunidades enteras, interpretados en la literatura como resultado de una estrategia criminal de despojo y apropiación territorial de los grupos criminales a través de infundir terror entre la población (Hernández, 2019; Argüello, 2021; Solano y Acuña, 2021). A pesar de ello, la región de la Sierra sigue habitada por mujeres, hombres, niñas, niños y adolescentes quienes refrendan cotidianamente su apego a este lugar que conserva las huellas de sus predecesores.
Reconfiguración de órdenes micro-políticos
Este último eje, en concordancia con la propuesta de Desmond (2017), explora la configuración del orden micro-político que comprende una trama relacional particular establecida entre instituciones gubernamentales o agentes de gobierno y actores armados, influyendo en las formas de acción colectiva y la estructuración de dinámicas cotidianas de orden y desorden. Se trata, por tanto, de regímenes donde coexisten diversos actores políticos y armados que transforman las subjetividades y prácticas políticas, de gobierno y seguridad en lo local.
En paralelo a los procesos abordados en los ejes anteriores, corre la historia del cultivo de marihuana y amapola en las zonas altas de la Sierra. Diversos estudios señalan que estos cultivos arribaron a esta zona a finales de la década de 1970 e inicios de la de 1980, gracias a la alianza entre el poder político, poder militar y narcotráfico (Padgett, 2015; Gaussens, 2018; Illades y Santiago, 2019). En este sentido, Aviña (2021) indica que:
La versión guerrerense emergió históricamente en la intersección de la represión política, la constrainsurgencia y el autoritarismo. El terror contrainsurgente del Estado en los 1970s no sólo destruyó los opositores políticos radicales y disciplinó las desosegadas comunidades campesinas. También creó una red de oficiales militares, fuerzas policiales, agentes de espionaje, políticos y caciques que usaron su poder político (y la impunidad de la que gozaban) para convertirse en jugadores clave en la economía política de los narcóticos. Ese terror y redes, articularon el poder narcoeconómico con el poder político que también ayudó a conformar un modelo de poder soberano. (Aviña, 2021, p. 73, traducción propia)
Un lugar estratégico para orquestar tanto la represión como la economía política de los narcóticos en el estado de Guerrero ha sido el puerto de Acapulco, su ciudad más importante, la cual tuvo como figura central en ambos procesos al General Mario Arturo Acosta Chaparro, aliado del entonces gobernador Rubén Figueroa Figueroa y de su hijo, Rubén Figueroa Alcocer, también gobernador del estado y quien fuera removido del cargo en 1996 por la masacre de campesinos en Aguas Blancas. Acosta Chaparro, responsable de aniquilar la guerrilla rural de Lucio Cabañas, integrante de la Brigada Blanca y de la Dirección Federal de Seguridad, consolidó una estructura operativa para el narcotráfico al interior de las instituciones de seguridad pública estatales y el ejército, con los políticos y caciques locales, en los pueblos y comunidades de la Sierra, y tejió las redes trasnacionales con los cárteles de la época (Padgett, 2015).
El campesinado local empobrecido encontró en estos cultivos ingresos monetarios para solventar las necesidades básicas de sus familias, alternándolos con la producción de temporal para el autoconsumo. También se recibían pagos en especie y muchas veces, ello incluía diversos tipos de armamento. Generaciones de mujeres y hombres serranos crecieron como gomeros, y como sostiene un testimonio recabado en esta investigación: “muchos de nosotros somos hijos de la amapola porque gracias a todo lo que sembraron los padres, las madres viudas, los abuelos, tuvimos oportunidad de salir de este territorio y tener la oportunidad de estudiar” (Entrevista 1, virtual, 24/02/2021). Todo ello transformó el ser campesino en tanto lo vinculó con racionalidades configuradas desde una visión instrumental que privilegia el valor de mercado sobre el de la vida o la naturaleza. Asimismo, selló pactos irrevocables entre el campesinado local y los grupos criminales, colocándolos ante “la disyuntiva de la lealtad absoluta o la muerte despiadada”. (Padgett, 2015, p. 35)
Estos vínculos también consolidaron relaciones entre actores armados asociados a organizaciones criminales con actores de la esfera política, representantes de las instituciones del Estado o autoridades a nivel local, incluso involucrando lazos consanguíneos y de parentesco. Si bien la región de la Sierra comparte estos procesos, la configuración específica de cada orden micro-político presenta variaciones en función de la historia vivida, los grupos armados legales e ilegales presentes en cada territorio, los cacicazgos, los vínculos con la política estatal, la presencia de grupos empresariales, entre otros.
El crecimiento de las organizaciones y la economía criminal resultado del aumento en la demanda de narcóticos en los Estados Unidos y Europa en el periodo 2000-2017 significó un boom para la goma de amapola producida en México (Le Cour, Morris y Smith, 2019). En ese periodo la región de la Sierra de Guerrero se posicionó como la principal productora en el país. Ello impulsó cambios significativos que reconfiguraron la estructura precedente, así como su composición a nivel regional y local. Por un lado, el resquebrajamiento del orden político priista derivado del proceso de transición democrática reestructuró algunos arreglos institucionales preexistentes. A ello se sumó en 2006 el inicio de la “guerra contra el narcotráfico”, iniciada por el entonces presidente e interpretada por algunos como una estrategia para legitimar su gobierno. Uno de los frentes fue el estado de Guerrero, donde se inició un Operativo Conjunto en ese mismo año. Los efectos funestos de este proceso se mantienen hasta nuestros días, pues la fragmentación de los cárteles en múltiples organizaciones, así como la diversificación de los actores armados, derivaron en la reconfiguración y fortalecimiento de los órdenes micro-políticos y el recrudecimiento de las violencias.
En 2017 inició la crisis de la amapola y la goma de opio ante el fentanilo, opioide sintético utilizado para la elaboración de drogas, que significó una caída estrepitosa de su valor de mercado.5 Ello tuvo efectos en todos los eslabones de la cadena y la reestructuración del orden establecido: para el campesinado significó considerar o ejecutar la reconversión de cultivos y el retorno al ser campesino, el ecoturismo, la silvicultura o la búsqueda del pago por servicios ambientales por la conservación de los bosques, entre otros; para los acaparadores, la expansión de la economía ilegal con dinámicas de extracción de la riqueza, cobro de cuotas, extorsión, acaparamiento de rutas comerciales de productos básicos o transporte y, particularmente, la tala ilegal de los bosques, elemento central de los casos de estudio.
Reactivación y reconfiguración de los conflictos por los bosques
Como se ha señalado, el Ejido Guajes de Ayala se ubica en el municipio de Coyuca de Catalán, en la subregión de la Tierra Caliente de la Sierra de Guerrero, que colinda con Michoacán y el Estado de México. Este caso de estudio se inserta en el panorama general trazado por los tres ejes abordados anteriormente, sobre los cuales también se reconfiguran los actuales conflictos por los bosques. En este sentido, en las comunidades y rancherías de este municipio se registra la historicidad de los conflictos por la naturaleza y los bosques, el legado de las violencias vividas y la reconfiguración de órdenes micro-políticos.
Aviña (2011) realiza una exahustiva reconstrucción de la historia local y de los procesos que la definen, identificando actores políticos, caciques y familias —como la Montúfar— como actores centrales en la intrincada trama relacional del territorio, y traza también puentes con los poderes regionales y estatales —como los Figueroa—. El autor sentencia: “La historia y el presente de este norte chiquito -el principal productor de heroína en el país durante la mayor parte de inicios del siglo veintinuno- revela que en la Tierra Caliente el poder político y económico ‘tiene nombre y apellidos, rostros y mañas’ (cita a Bartra, 2000, p. 16). Y este poder, después de la ilusoria transición democrática post-2000 y después de la ‘guerra contra los cárteles’, necia y violentamente persiste” (2011, p. 84, traducción propia).
En este contexto, el antecedente inmediato de los actuales conflictos por los bosques es el caso de la OCESP y la OMESP. Como se señaló anteriormente, la primera marcó una nueva etapa en los conflictos por la naturaleza, puesto que su vocación conservacionista introdujo narrativas sobre el cuidado del entorno, el bosque y el agua, las cuales fueron retomadas por las mujeres integrantes de la OMESP. La OCESP tuvo un amplio rango de influencia en la región de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán; gracias a su trabajo de base, permitió la continuidad de la acción colectiva a pesar de los embates vividos por sus líderes fundadores y el asesinato de su abogada Digna Ochoa, presuntamente ejecutado por órdenes de Rogaciano Alba Álvarez, cacique de Petatlán vinculado con la economía ilegal (Aviña, 2011). Las violencias extremas perpetradas por los grupos armados en contra de los campesinos ecologistas se intensificaron en el periodo 2005-2012, aniquilando esta organización y posteriormente a la OMESP. Los casos de La Laguna y Hacienda de Dolores —vecina del Ejido Guajes de Ayala— evidencian la afrenta que las personas habitantes de estas localidades vivieron y motivaron su desplazamiento interno forzado (Paredes, 2014; Hernández, 2019).
Posteriormente, la crisis del cultivo de la amapola intensificó la tala ilegal de los bosques. Algunos testimonios indican que los grupos armados retomaron esta práctica en diversos ejidos encalvados en la Sierra como una estrategia para hacerse de recursos económicos. La venta de los rollos de madera ilegal se realiza en los aserraderos de la Costa Grande, donde al llegar cuentan ya con la guía forestal que los legaliza para ser comercializados y exportados, principalmente a los Estados Unidos. Lo anterior, según sostuvieron algunos entrevistados, únicamente es posible debido a la relación de complicidad entre estos grupos y los responsables de aplicar la política forestal a nivel local y estatal, es decir, representantes de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). Este proceso de tala ilegal del bosque de parte de grupos armados vinculados a acaparadores e intermediarios pertenecientes a organizaciones del crimen organizado y caciques reactivó los conflictos por los bosques en la región de la Sierra de Guerrero, dado que grupos de ejidatarios también armados —y algunos organizados bajo la forma de autodefensa— decidieron confrontarlos. Se inicia así una nueva ola de violencia que se intensifica en localidades de los municipios de San Miguel Totolapan, Chilpancingo de los Bravo y Coyuca de Catalán, en el periodo 2021-2023. El caso del Ejido Guajes de Ayala se enmarca en este escenario.
Mundo de sentido y acción colectiva digitalmente mediada
En la región de la Sierra de Guerrero coexisten diversos actores armados —legales e ilegales— que, aunados a actores políticos e institucionales, configuran un archipiélago de órdenes micro-políticos difícil de descifrar. No sería posible comprender su proceso de apropiación de las TIC, el mundo de sentido que construyen y las narrativas que en ellas exponen sin considerar aspectos fundamentales de su existencia. A partir de los elementos mostrados en los ejes analíticos previos, se sostiene que los habitantes de la Sierra comparten un sentido de pertenencia articulado por un sentimiento de abandonoinstitucional expresado en la falta de infraestructura y servicios; la condición de pobreza y marginación predominantes en la región; el sufrimientosocial legadopor las violencias y agravios vividos durante el periodo del terrorismo de estado de los años sesenta y setenta; las incursiones militares para la erradicación de cultivos ilícitos a finales del siglo XX y los perpetrados por grupos armados en el marco de la confrontación con o entre grupos del crimen organizado; y el estigma que pesa sobre su población al ser considerados violentos o criminales dada la historicidad del cultivo de marihuana y amapola y su carácter beligerante. Tales elementos modelan su subjetividad y estructuran sus relaciones con el Estado y sus instituciones.
Aproximarse a los actores armados que coexisten en esta región implica adentrarse en la “zona gris” de la violencia (Auyero, 2007), es decir, ese espacio donde el pensamiento y discurso dicotómicos que trazan fronteras entre buenos y malos, víctimas y victimarios, lo legal e ilegal, se desdibujan. Es el territorio de la vida cotidiana donde los actores involucrados y sus relaciones se vuelven confusas y las distinciones entre ellos, borrosas. Esta herramienta analítica de observación empírica se emplea para abordar el caso del Ejido Guajes de Ayala, ya que proporciona un marco interpretativo para explorar las narrativas, las significaciones, los agravios y el llamado a la acción colectiva que reivindican en su perfil de Facebook.
El Ejido cuenta con un grupo armado que opera como autodefensa, visión que contrasta con las voces que lo asocian con la organización criminal de la Familia Michoacana (FM), dada la relación de parentesco entre sus líderes.6 Cabe señalar la distinción entre policía comunitaria y autodefensa, pues ambas coexisten en el estado de Guerrero. La primera, originada por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, CRAC-PC en la región de la Costa Chica, está basada en los usos y costumbres de los pueblos originarios y afrodescendientes y fue legalizada mediante la Ley 701 en 2011. Las autodefensas, por otro lado, son grupos de civiles armados “organizados bajo un liderazgo carismático para la defensa de su herencia e integridad personal. No tienen una identidad étnica que los unifique y tampoco están sujetos a alguna autoridad civil o comunitaria” (Fuentes y Fini, 2021, p. 87, traducción propia). Ambos tipos de organización armada se mantienen dentro del marco del estado nacional, en tanto que no persiguen su transformación o derrocamiento como los grupos guerrilleros precedentes. Por ello, aunque en la literatura se considera a los grupos de autodefensa como apolíticos, establecen una relación contenciosa con el Estado y sus instituciones, pues son sujeto de reclamos, demandas y reivindicaciones (Tilly, 2004) que imprimen un carácter político a sus acciones.
Como veremos en las secciones posteriores, en las publicaciones de la página de Facebook el líder de este grupo armado y comisario ejidal expone un conjunto de agravios vividos por la población serrana esperando detonar la solidaridad con las víctimas. Interpela al gobierno posicionando un conjunto de demandas en el ámbito público y confronta a otros actores armados presentes en la región. También incita a la población a “alzar la voz y denunciar” pues, recuperando la cita textual de un libro cuyo título no se revela, sostiene: “‘Solo los pueblos organizados de manera independiente podrán librarse de la pesadilla’ ¿Cuál pesadilla? De la pesadilla de quienes nos acechan o nos hostigan o de alguna forma nos victimizan” (Ejido Guajes de Ayala, Facebook, 18 de noviembre 2021).
Vale mencionar que la infraestructura para el uso de telefonía celular e internet en la región de la Sierra es prácticamente inexistente. La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2022 (INEGI, 2022) indica que el estado de Guerrero es uno de los tres con menor porcentaje de usuarios de internet con un 67.5% y de hogares con internet con el 53.6%, también las personas de 6 años o más usuarias de teléfono celular es de 67% y donde la brecha digital entre las zonas urbanas y rurales es amplia. No obstante, los habitantes de esta región han desarrollado de manera autónoma un sistema local que permite el uso precario y limitado de la telefonía celular, el internet y las redes sociales.
En este marco general se insertan los videos analizados publicados en el periodo febrero 2021-noviembre 2022 por el líder de este grupo armado en el perfil de Facebook del Ejido Guajes de Ayala (Ideales de un cualquiera) que cuenta con 15 mil seguidores. Ahí se pueden encontrar un conjunto de videos y transmisiones en vivo cuya duración oscila entre 5 y 50 minutos, en los que el narrador expresa, con una voz calma y un lenguaje articulado y serio, sus consideraciones sobre el conflicto por los bosques intercaladas con señalamientos hacia sus adversarios, el estado y las instituciones. En su estudio entran en juego los tres ejes señalados en la sección precedente, pues permiten explorar las significaciones sobre el conflicto por los bosques, la violencia y la seguridad, los agravios y el llamado a la acción colectiva. Para mostrar los elementos más significativos, retomo frases y fragmentos de los videos los cuales permiten exponer una visión articulada del mundo de sentido que estos sujetos de las violencias habitan.
El conflicto
En febrero de 2021 inicia la publicación de una serie de videos menores a un minuto de duración e imágenes con paisajes de los densos bosques serranos y también, de la deforestación o de rollos de madera listos para ser transportados. Este material es ocasionalmente acompañado por narraciones cortas de un único personaje, el comisario ejidal, quien sostiene que su interés al realizarlos es “documentar y decir cómo han sido en realidad los hechos”.
La acuciosa observación de estos videos permite identificar el inicio del conflicto el 30 de marzo de 2020, cuando sujetos armados, acompañados por personal militar, se apoderaron del campamento silvícola para robar herramientas y maquinaria, “vandalizaron y provocaron incendios para borrar las evidencias de todo lo que hicieron”. Este hecho se interpretó como el rompimiento de un acuerdo existente desde 2015 entre el Ejido y el grupo armado liderado por Víctor Espino Cortés, quien fuera vocero de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) —una escisión de la CRAC-PC— en la Sierra de Petatlán e identificado como lugarteniente del grupo criminal encabezado por Crescenciano “Chano” Arreola.7 También es señalado en los vídeos de Facebook y notas periodísticas por ser responsable de la desaparición del dirigente ecologista Elías Gallegos Coria y su hijo Fredi Gallegos García en septiembre, así como del asesinato de Eduardo Cortés en octubre del mismo año. La ruptura de los acuerdos “todos felices, todos contentos” que tuvieron durante cierto tiempo se dio una vez comenzaron las incursiones de grupos armados en terrenos ejidales de Guajes de Ayala para cortar madera sin autorización de sus propietarios, ya que, para el narrador, fue eliminado todo valor de palabra e inició la abierta confrontación entre estos grupos armados. Desde su perspectiva, “el cansancio de la gente” ante el saqueo de madera realizado “durante años” para su venta en aserraderos de la Costa Grande es el motor que pone en marcha el conflicto que se extiende hasta la actualidad, dado que: “Ya se acabó el tiempo en que la gente se cayó, que dobló los brazos ante ustedes ¿por qué? Porque son unas lacras, ya nadie los quiere” (Ejido Guajes de Ayala, Facebook, fecha de consulta: 19 de noviembre 2021). La disputa entre ambos grupos se desarrolla en diversos frentes que comprenden tanto el plano físico como el territorial, así como el de la opinión pública a la que ambos interpelan tanto en medios de comunicación tradicionales como en las redes sociales. Ello sitúa el conflicto en la densa zona gris de la violencia, donde aparecen una multiplicidad de actores que transmutan personajes y transitan las fronteras entre lo legal e ilegal con estratégica habilidad, instaurando la sensación de desasosiego e incertidumbre que la caracteriza.
En sentido, en un video de 50 minutos publicado el 15 de febrero de 2021, el comisario ejidal desmiente una nota periodística donde se señala a su grupo de autodefensa de “falsos ambientalistas [que] son sicarios” y de ser parte de la organización criminal Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de lo cual se desmarca. En su exposición desmenuza la nota periodística y los hechos que, desde su perspectiva, desvirtúa. Sus declaraciones revelan que la confrontación con el grupo de Espino Cortés no está originalmente relacionada con una misión conservacionista, ambientalista o del cuidado del medio ambiente, sino con los atropellos y el lucro asociado al saqueo de madera que les pertenece. No obstante, la defensa del bosque frente a la tala ilegal expresa el apego al lugar que habitan (Manzo y Devin-Wright, 2014), pues no están dispuestos a “rendirse” como lo hicieron sus vecinos desplazados de La Laguna quienes “tuvieron que irse por no pelear”. En contraste, este grupo armado afirma estar “defendiendo lo que creemos propio, defendiendo lo que creemos por hogar”, ya que “como sierreños, vivimos agusto, es nuestro lugar de origen, vivimos en nuestras casas, estén feas o bonitas, incluso hasta debajo de un árbol se vive bien… Nosotros, lo reiteramos, estamos dispuestos hasta llegar a las últimas consecuencias. No somos presa fácil. Queremos darlo todo por defender nuestra familia” (Ejido Guajes de Ayala, Facebook, fecha de consulta: 22 de noviembre 2021). Su beligerancia potencia el conflicto por el bosque cuya trayectoria se extiende hasta la actualidad, articulando diversos episodios de violencia y controversias en el terreno de la opinión pública.
Sufrimiento social y sentimiento de abandono
Un tema recurrente en los videos publicados por el comisario ejidal es el sufrimiento que ha vivido “la gente de la Sierra”, pues “conoce el problema de la raíz y las pérdidas que ha ocasionado”, además de atestiguar y reproducir esta experiencia. Por lo general, recupera ejemplos de la más reciente ola de violencias para hacer un recuento de los daños y agravios vividos por la población para enfatizar que “la gente está sufriendo”. Viudas, huérfanos, abandono de tierras y localidades desoladas por el desplazamiento interno forzado son algunas de las consecuencias de las violencias ejecutadas por los diversos actores armados presentes en esta región. Al respecto, interpela a su adversario y señala: “¿Crees que al gobierno lo vas a engañar? ¿Crees que el gobierno no sabe toda la estela de muerte que has sembrado? No solo tú, sino Chano Arreola, todos ellos para aquel lado de la Costa. ¿Crees que el gobierno no sabe lo solos que están los pueblos?” (Ejido Guajes de Ayala, Facebook, fecha de consulta: 19 de noviembre 2021).
En los diversos fragmentos donde se expone el sufrimiento de la población serrana también se revela el sentimiento de soledad y abandono, identificados no solo en las declaraciones de este perfil de Facebook sino en otras fuentes consultadas para esta investigación. Este sentimiento define la relación de la población serrana con el gobierno tanto federal como estatal, la cual se materializa en sus condiciones de vida y la posición marginal de la región, la ausencia de instituciones, servicios públicos e infraestructura básica.
La elección de Andrés Manuel López Obrador como presidente en 2018 generó una ola de esperanza entre la población, quien depositó altas expectativas en los programas sociales y de desarrollo, los cuales permitirían subsanar las deudas pendientes, impulsar políticas para la reconversión de cultivos en el campo y mejorar la seguridad con la creación de la Guardia Nacional. Estas esperanzas se reflejan en diversas narrativas, que se pueden apreciar en el siguiente fragmento: “Nos sentimos abandonados en la Sierra, en realidad ya nos sentíamos abandonados ¿por qué? Porque simplemente para denunciar, todo se pone difícil. Hago un llamado para que se escuche, se nos atienda Señor Presidente. Urge que se de atención a la Sierra. Hablamos de muchos lugares más donde la gente está sufriendo, gente está siendo desplazada; hay viudas y cuanto desmadre se viene encima y ni siquiera se conoce” (Ejido Guajes de Ayala, Facebook, fecha de consulta: 19 de noviembre 2021).
No obstante, la relación con el Estado y sus instituciones está marcada por una desconfianza permanente proveniente de la historia de abandono, así como por el hecho de que la presencia institucional más relevante en la región fue de las fuerzas armadas para el combate contrainsurgente y la erradicación selectiva de cultivos ilícitos, tal como se señaló en la sección anterior. En este sentido, el comisario sostiene que las situaciones vividas han tenido beneficios para actores ajenos quienes no tienen interés alguno en el sufirimiento, las pérdidas y los agravios contra la población local:
La Sierra tiene muchisísimo potencial pero al gobierno no le importa, al gobierno no le importa que nos matemos, que nos hagamos pedazos ¿por qué? Porque le conviene este tipo de conflictos para sacar ventajas y ganancias…Están lucrando con la gente de la Sierra. Tal parece que somos su laboratorio, somos su experimento social, para sus fines lucrativos… Que estén lucrando con nuestras desgracias, con nuestras desavenencias que nos pasan, no solo hablo por nosotros sino por muchas familias que están en la misma miseria, el mismo abandono, la misma circunstancia. (Ejido Guajes de Ayala, Facebook, fecha de consulta: 20 de noviembre 2021)
Sortear el abandono: 25/02/2021 y 09/06/2021
Una manera de hacer frente al histórico abandono vivido en el caso del Ejido Guajes de Ayala se da a través del uso de las redes sociales, particularmente de su perfil de Facebook. El administrador de la cuenta y narrador de estas historias raramente expone imágenes explícitas sobre las violencias vividas, sin embargo, los días 25 de febrero y 9 de junio de 2021 fueron publicados una serie de videos cortos sobre los enfrentamientos ocurridos en la localidad de El Pescado, Hacienda de Dolores, entre el grupo armado que lidera y sus adversarios. Ambos videos, capturados con teléfono celular, no exponen el enfrentamiento in situ sino el paisaje sonoro de las detonaciones realizadas en la intrincada serranía y la voz de una mujer que pide ayuda al gobierno acompañada por imágenes de las mujeres, sus hijas e hijos y personas de la tercera edad atrincheradas en un pequeño centro de salud. Esperando establecer una conversación con las instituciones de gobierno y seguridad federal, el gobierno estatal, organismos de derechos humanos y medios de comunicación de alcance nacional, la publicación de estos videos recurre a hashtags como:
#MilenioTelevicion #SEDENA. #SecretariadeSeguridadPublica. #secretariadeladefensanacional. #AzucenaxMILENIO #GobiernodeCompromisosyHechosConcretos #ayuntamientocoyucadecatalan #PROFEPA #CONAFOR #GobiernodelEstadodeGuerrero #GobernadorHectorAstudilloFlores #AMLO #EnPunto #elsurperiodicodeguerrero #AndresManuelLopezObrador #precidentedemexico #SADER #35zonamilitar #GuardiaNacional #DerechosHumanos #CNDH #Reportaje. (Ejido Guajes de Ayala, Facebook, fechas de publicación: 26 de febrero y 9 de junio de 2021)
Estos videos transmitidos en vivo tuvieron un amplio alcance y cuentan con miles de reproducciones: los del 25 de febrero más de 6 mil mientras que uno de los videos del 9 de junio, registra más de 53 mil.8 Las imágenes mostradas fueron recuperadas por medios tradicionales como prensa escrita y noticieros televisivos de alcance nacional, y también replicados en diversas plataformas digitales. Esto favoreció el posicionamiento del tema en las discusiones públicas, lo que a su vez permitió visibilizar las violencias, las condiciones de vida y los conflictos vigentes en la región de la Sierra de Guerrero. El uso estratégico del perfil de Facebook en el contexto del enfrentamiento armado posibilitó la circulación del llamado de auxilio de las mujeres, pues horas después de la publicación arribaron elementos de la Guardia Nacional (GN) y el Ejército Mexicano, vía aérea —helicóptero— y vía terrestre para labores de vigilancia. La respuesta institucional a estos videos expone el poder de las redes sociales para sortear el abandono y hacer “que las cosas se viralicen” a través del uso de hashtags en un contexto local remoto, históricamente marginado y alejado de los
centros metropolitanos.
En un video posterior a uno de estos enfrentamientos, el comisario ejidal de Guajes de Ayala resalta la importancia estratégica de las redes sociales al hacer una invitación a sus seguidores —a quienes considera aliados— en su proceso de lucha: “Hagamos que las cosas se viralicen, compartan, hagan presión de la forma que sea… a los medios de comunicación les pido con mucho respeto, compartir, difundir, son nuestro brazo armado en este momento, a los medios de comunicación internacionales, son nuestra voz, son nuestra bandera” (Ejido Guajes de Ayala, Facebook, fecha de consulta: 22 de noviembre 2021).
Si bien la respuesta del gobierno federal fue posible gracias a la publicación de los videos y la presión pública ante los hechos mostrados, la intervención institucional fue limitada y no significó cambios sigificativos en su contexto de vida. De ello se desprende que en los videos se observe un discurso ambivalente frente al Estado y sus instituciones pues, por un lado, se muestra desconfianza hacia todos los niveles de gobierno con énfasis en el estatal —por su histórica relación de colaboración con la delincuencia organizada y los caciques, la corrupción y falta de reconocimiento a las reivindicaciones de la población—; mientras, por otro, se reitera la demanda de mayor presencia de las instituciones federales —SEDENA, GN, PROFEPA, SEMARNAT, entre otras— dada la confianza depositada en la figura del entonces presidente López Obrador y su proyecto de la Cuarta Transformación (4T). En este sentido, el uso estratégico de las redes sociales permite establecer una comunicación directa con el gobierno federal eliminando la participación de actores intermedios deslegitimados —el gobierno y la policía estatal— como interlocutores válidos para el procesamiento de las demandas de la población serrana. La encontrada respuesta institucional ante los videos publicados propicia un llamado constante para aumentar la presencia del ejército en labores de vigilancia e incluso se propone la construcción de otra base militar o un cuartel de la GN enclavada en la Sierra.
No obstante, el sentimiento de abandono ante el recrudecimiento de las violencias ejercidas por los actores armados que coexisten en esta región, algunos vinculados a grupos del crimen organizado y a grupos de poder local y regional, contribuyen a la resignificación de la seguridad. Son los pobladores organizados y armados quienes se encargan de proveerla como responsables de defender al bosque, su hogar y la población, lo que se considera como una labor valiosa que será ejercida a pesar de cualquier obstáculo. Tal como indica el comisario ejidal: “Gracias a Dios tenemos armas y no lo digo para fanfarronear ni agraviar a nadie, ni a ningún cuerpo de las fuerzas armadas, pero gracias a eso nos defendemos y pudimos repeler a los grupos de la delincuencia organizada” (Ejido Guajes de Ayala, Facebook, fecha de consulta: 22 de noviembre 2021). Adicionalmente, en los videos analizados se identifica un vínculo entre las condiciones de inseguridad y violencias que impide la implementación de programas sociales o políticas públicas para el desarrollo integral de la Sierra, pues “no pueden llegar solos estos programas”, lo que contribuye a la continuidad del abandono, la pobreza y marginación.
Finalmente, el uso de las redes sociales en los eventos de violencia vividos permitió una suspensión momentánea del sentimiento de abandono institucional que marca la relación de la población serrana con el Estado, en tanto que: “Lamentablemente las redes sociales es un bendito sistema donde todo mundo sabe todo, todo mundo sabe todo. Guerrero está hundido en la miseria, solamente guerras y guerras, grupos de gente armada donde quiera… Que nuestra voz sea escuchada, que nuestro grito pueda oírse a la distancia” (Ejido Guajes de Ayala, Facebook, fecha de consulta: 21 de noviembre 2021).
Llamado a la acción
Como se indicó anteriormente, la disputa entre los actores armados situados en la zona gris de la Sierra de Guerrero implica el plano físico, territorial y armado, así como el de la opinión pública. En este escenario, las redes sociales juegan un papel central, ya que la exposición obtenida por el comisario a través del perfil del Ejido Guajes de Ayala, así como el aumento en el número de seguidores a partir de los videos virales publicados el 25 de febrero y el 9 de junio de 2021 favorecieron la consolidación del discurso beligerante en sus declaraciones y el constante llamado a la acción colectiva organizada.
A diferencia de los reclamos y reivindicaciones planteadas al gobierno y sus instituciones a través de los videos publicados, se muestra una disposición para conectar con la población local, lo cual inicia al tomarse tiempo para agradecer a quienes se han “comunicado con él constantemente” y a “los desplazados que le han tenido confianza para ‘abrirse’ para contar lo que les ha sucedido”. Tras evocar ejemplos del sufrimiento social y del legado de las violencias vividas, el narrador apela al cansancio de la población por la situación de miedo e inseguridad y hace una invitación a la acción colectiva de “todos los que han sido victimizados”, así como también a la unidad de las mujeres desplazadas y las viudas.
Este llamado no es para el uso colectivo de las armas o para la organización de un movimiento armado de mayor alcance,1 pues el grupo que lidera es el encargado de realizar las labores de protección, seguridad y combate; este llamado es para tejer redes de solidaridad entre las personas agraviadas, es un llamado para“alzar la voz y denunciar, [pues] es tiempo de hacerlo en unidad”. En este sentido, sostiene: “No están solos, hay que unirnos. Que nuestra voz tenga eco. Que nuestra voz sea escuchada, que nuestro grito pueda oírse a la distancia”. El fin último del llamado a la acción es “que nuestros hijos puedan vivir felices, jugar felices, eso es lo principal”. Desde su perspectiva, para ello es necesario terminar con los grupos armados, esto es, sus adversarios, quienes someten y victimizan a la población y releyendo la cita textual referida en varios de los videos publicados en anterioridad, indica: “Solo la lucha propia y organizada e independiente es la que puede liberar a los pueblos de la tiranía y la esclavitud de unos cuantos” (Ejido Guajes de Ayala, Facebook, fecha de consulta: 21 de noviembre 2021).
La incertidumbre propia de la zona gris de la violencia, recrudecida por el acecho y el abandono institucional ante escenarios de inminente confrontación armada, refrenda el compromiso del comisario y el grupo armado que lidera, pues “es su responsabilidad actuar hasta las últimas consecuencias”. No obstante, sostiene, serán enfrentadas por “los indefensos” —mujeres, niños, ancianos—, ya que indica: “¿Quiénes van a sufrir las consecuencias de esto? No puede ser el que empuña un arma, va a ser el indefenso”. Las publicaciones de videos con declaraciones del comisario en el perfil de Facebook del Ejido Guajes de Ayala se suspendieron por un periodo de tiempo alrededor de diciembre de 2021 sin explicación alguna o razón aparente, siendo retomadas hasta enero de 2023.9
Conclusión
El carácter interactivo y bidireccional de las plataformas de contenido compartido permite romper con el silencio que rodea a los sujetos de las violencias al exponer ante públicos más amplios el mundo que habitan. Desde la posición marginal que ocupan, alejados de los centros metropolitanos, la presencia institucional y el ámbito de la legalidad, su voz trastoca tanto las fronteras establecidas como los entendimientos tradicionales elaborados sobre ellos. Por medio del caso analizado se puede observar que, si bien el material publicado en las redes sociales por estos actores incorpora un elemento instrumental y estratégico, también despliega un conjunto de significaciones sobre su mundo de vida, las violencias, la seguridad y el conflicto en función de dinámicas relacionales y procesos estructurales que los configuran. Adicionalmente, se demostró que estas significaciones refieren al ámbito de lo político en tanto que apelan a una serie de agravios vividos que involucran e interpelan al estado y sus instituciones. Igualmente, se expone su discurso beligerante, así como el llamado a la acción colectiva que confronta los valores asociados a la justicia social y la dignidad humana, esperando despertar la solidaridad con la sociedad civil y la opinión pública más allá de las fronteras físicas.
Por medio del caso analizado fue posible exponer que, el estudio de la zona gris habitada por los sujetos de las violencias resulta impenetrable por medio de los marcos analíticos y conceptuales erigidos sobre el pensamiento dicotómico de buenos y malos, víctimas y victimarios, legal e ilegal. Así como también lo es a través de las herramientas utilizadas en el pensamiento social latinoamericano —y mexicano— que enfatiza los procesos de apropiación de las TIC entre la “buena” sociedad civil y los sujetos entendidos en términos moralmente positivos. Estas limitantes se relacionan con la reproducción del discurso binario de la “buena” y la “mala” sociedad civil en el ámbito académico (Alexander, 2013), expresado en la llamada paradoja de las redes sociales. Los actores armados y sujetos de las violencias encarnan las figuras del mal propias a nuestra época, lo cual dificulta y sesga la aproximación analítica. Resulta, no obstante, imperativo comprender su construcción de sentido con el fin de dejar de asumir a estos sujetos como algo residual pues su existencia interpela a la sociedad en su conjunto. Con la intención de construir posibles caminos de salida a las violencias reinantes en ciertas regiones y territorios en México, es además pertinente renovar nuestra mirada para el estudio relacional de los sujetos involucrados en estos procesos, lo cual por supuesto incluye a los actores que la ejecutan y reproducen. Resta decir que este texto plantea una interrogante de mayor alcance: ¿Qué categorías son adecuadas y pertinentes para comprender los procesos de apropiación de las plataformas de contenido compartido de los sujetos de las violencias inmersos en conflictos por la tierra y la naturaleza en México.
Bibliografía
Abrego, Victor Hugo; Bona, Yann y Reguillo, Rossana. (2019). Resistencias en red: Tecnopolítica y violencias. deSignis 30. Ciberculturas / Tercera Época. Serie Transformaciones, 23-44. https://www.unsam.edu.ar/leda/docs/signa_lab%20ANEXO%201%20-%20Artículo%202019%20Abrego,%20Bona%20&%20Reguillo.pdf
Alexander, Jeffrey. (2013). The dark side of modernity. Polity.
Ansolabehere, Karina. (2021). Excepciones que confirman la regla de impunidad. Análisis de casos de desaparición forzada que avanzaron en el sistema de justicia. En Sandra Serrano y Daniel Vázquez (Coords.), Crisis de estatalidad y violaciones a derechos humanos [pp. 165-200]. Flacso México.
Argüello Cabrera, Libertad. (2021). Sierra de Guerrero, México: desplazamiento interno forzado, despojo y estigmatización. Estudios Sociológicos, 40(118), 47-84. https://estudiossociologicos.colmex.mx/index.php/es/article/view/2113
Auyero, Javier. (2007). La zona gris. Violencia colectiva y política partidaria en la Argentina contemporánea. Siglo XXI.
Ávalos González, Juan Manuel. (2019). La posibilidad tecnopolítica. Activismos contemporáneos y dispositivos para la acción. Los casos de las redes feministas y Rexiste. Comunicación y Sociedad, 1-30. https://doi.org/10.32870/cys.v2019i0.7299
Ávalos González, Juan Manuel. (2017). ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! Acciones globales por Ayotzinapa y activismo político juvenil en Guadalajara. Intersticios Sociales, 14, 247-281.
Aviña, Alexander. (2021). El norte chiquito: From ‘dirty wars’ to drug wars in the Guerrero hotlands. European Review of Latin American and Caribbean Studies, 112, 71-89. 10.32992/erlacs.10866
Barton Bray, David y Merino Pérez, Leticia. (2004). El Balcón, Guerrero: un estudio de caso del beneficio de la globalización a una comunidad forestal [Documento]. http://rimd.reduaz.mx/coleccion_desarrollo_migracion/enfrentando_la_globalizacion/Enfrentando9.pdf
Bartra, Armando. (1996). Guerrero Bronco. Campesinos, ciudadanos y guerrilleros en la Costa Grande. Ediciones Sinfiltro.
Bejarano Romero, Raúl. (2021). Competencia electoral y violencia del crimen organizado en México. Política y gobierno, 28(1), 1-21.
Burgos Pino, Edixela Karitza. (2017). El Ciberactivismo: perspectivas conceptuales y debates sobre la movilización social y política. Revista Contribuciones a las Ciencias Sociales, 2. http://www.eumed.net/rev/cccss/2017/02/ciberactivismo.html
Bustamante Álvarez, Tomás. (2003). La tragedia de los bosques de Guerrero. Historia ambiental y las políticas forestales. FONTAMARA.
Calveiro, Pilar. (2021). Desaparición y gubernamentalidad en México. Historia y Grafía, 28(56), 17-52.
Camacho Torres, Jimena. (2002). Lumbre en el Monte. La historia de Rodolfo Montiel [Tesis de maestría, FCPYS UNAM].
Canales Reyes, Roberto y Herrera Carbajal, Consuelo. (2020). Acceso, democracia y comunidades virtuales. CLACSO.
Castañeda, Julián David y Ospina-Alvarado, María Camila. (2022). Ciberactivismo y tecnopolítica. Construcción de ciudadanías desde la socialización política, internet y las redes. El Ágora USB, 22(2), 788-800. https://doi.org/10.21500/16578031.5857
Cienfuegos, Enrique y Carlsen, Laura. (2003). Un caso de derechos humanos, ecología e integración económica: los campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán. En Laura Carlsen, Tin Wise e Hilda Salazar (Eds.), Enfrentando la globalización. Respuestas sociales a la integración económica de México [pp. 55-77]. RMALC-GDAE. http://rimd.reduaz.mx/coleccion_desarrollo_migracion/enfrentando_la_globalizacion/Enfrentando8.pdf
Cisneros Puebla, César Antonio. (2022), Microsociology of Killing in Mexican Video Executions. Historical Social Research, 47(1), 289-308. https://doi.org/10.12759/hsr.47.2022.13
Correa Cabrera, Guadalupe. (2021). Metodologías de Investigación, crimen organizado y análisis de redes sociales: un estudio de caso en la frontera. Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social, 21(11), 69-81.
Dávila, Ana. (2016). Social Media: Insight on the Internal Dynamics of Mexican DTOs. Journal of Strategic Security, 9(3), 49-73.
De Marinis, Natalia. (2019). Desplazadas por la guerra: Estado, género y violencia en la región triqui. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
Del Carmen López, Emilio. (2019). El ejercicio del derecho a la información en casos de violaciones graves a los derechos humanos: Ayotzinapa, Tlatlaya y Apatzingán. Estudios Políticos, 9(46), 151-185.
Del Palacio Montiel, Celia y Torres García, David. (2022). Sus miradas en nuestra memoria. El graffiti como estrategia discursiva frente a las desapariciones forzadas en la zona de Córdoba-Orizaba. Encartes, 4(8), 195-226.
Desmond, Enrique. (2017). Criminal Enterprises and Governance in Latin America and the Caribbean. Cambridge University Press.
Desmond, Enrique y Goldstein, Daniel (Eds.). (2010). Violent Democracies in Latin America. Duke University Press.
Durin, Severine. (2019a). Resistir la deshumanización. La sociedad civil ante las desapariciones, la coacción a la libertad de expresión y los desplazamientos forzados en México. Encartes, 2(3), 3-12.
Durin, Severine. (2019b). ¡Sálvese quien pueda! Violencia generalizada y desplazamiento forzado en el noreste de México. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
Ejido Guajes de Ayala (Ideales de un Cualquiera). Facebook. https://www.facebook.com/ejido.ayala/about
Estévez, Ariadna. (2018). El dispositivo necropolítico de producción y administración de la migración forzada en la frontera Estados Unidos-México. Estudios Fronterizos, (19), 1-18.
Franco Migues, Darwin. (2019). Tecnologías de esperanza. Apropiaciones tecnopolíticas para la búsqueda de personas desaparecidas en México. El caso de Las Rastreadoras del Fuerte. Comunicación y Sociedad, 16, 1-29.
Fuentes, Díaz Antonio y Fini, Daniele. (2021). Neoliberalism in the Grey Area. Community Defense, the State, and Organized Crime in Guerrero and Michoacán. Latin American Perspectives, 236(48), 84–102. d1o0i.1o1rg7/170/.10107974/0508924X58220X927059071509.
García, Nilda. (2020). Mexico’s Drug War and Criminal Networks: The dark side of social media. Routledge.
Gaussens, Pierre. (2018). La otra Montaña Roja: el cultivo de la amapola en Guerrero. Textual, 71. 10.5154/r.textual.2017.71.003
Gottsbacher, Markus y De Boer, John. (2016). Vulnerabilidad y violencia en América Latina y el Caribe. Siglo XXI/ Universidad de las Naciones Unidas (UNU)/Proyectos Estratégicos Consultoría (PEC)/Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) de Canadá.
Gravante, Tomasso. (2018). Desaparición forzada y trauma cultural en México: el movimiento de Ayotzinapa. Convergencia, 77, 13-28.
Hernández Huerta, Víctor Antonio. (2020). Candidatos asesinados en México, ¿competencia electoral o violencia criminal?. Política y gobierno, 27(2), 1-30. http://www.politicaygobierno.cide.edu/index.php/pyg/article/view/1307
Hernández Soc, Alba Patricia. (2019). De Tierra Caliente a la Sierra y Costa Chica de Guerrero: Desplazamiento Interno Forzado. Cultura y Representaciones Sociales, 14(27), 143-182. https://doi.org/10.28965/2019-27-05
Illades, Carlos y Santiago, Teresa. (2019). Mundos de muerte: despojo, crimen y violencia en Guerrero. Gedisa.
Imbusch, Peter; Michel, Misse y Carrión, Fernado. (2011). Violence research in Latin America and the Caribbean: a literature review. International Journal of Conflict and Violence, 5(1), 87-154.
Instituto Nacional de Estadística, Georgafía e Informática [INEGI]. (2022). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2022. https://www.inegi.org.mx/programas/dutih/2022/
Kloppe-Santamaria, Gema y Carey, David. (2020). Violencia y crimen en América Latina. Representaciones, poder y política. CIDE.
Knight, Alan. (2012). Narco-Violence and the State in Modern Mexico. En Wil G. Pansters (Ed.), Violence, Coercion, and State-Making in Twentieth-Century Mexico: The Other Half of the Centaur [pp. 115-134]. Stanford University Press
Le Cour Grandmaison, Romain; Morris, Nathaniel y Smith, Benjamin. (2019). No More Opium for the Masses. From the U.S. Fentanyl Boom to the Mexican Opium Crisis: Opportunities Amidst Violence?. Noria Research.
Ley, Sandra. (2016). Protesta social ante la violencia criminal en México. Resiliencia, 2. http://www.revistaresiliencia.org/articulos/protesta-social-ante-la-violencia-criminal-en-mexico/
Loeza Reyes, Laura y Analiese, Richard. (2018). Derechos humanos y violencia en México. UNAM/CEIICH.
Maldonado Aranda, Salvador. (2013). Negociando la violencia, enfrentando el crimen. La construcción del orden bajo el narcotráfico. En Nelson Arteaga Botello (Coord.), La Violencia en México [pp. 71-93]. Catarata.
Manzo, Lynne C. y Devine-Wright, Patrick (Eds.). (2014). Place Attachment. Advances in Theory, Methods and Applications. Routledge.
Martínez Castillo, Gabriela. (2021). Investigando con familiares de migrantes desaparecidos: de objetos/sujetos de estudio a coproductores de conocimiento. Alteridades, 31(62), 57-69.
Martínez Solares, Verónica y Aguilar Sánchez, Oscar. (2016). Violencia y victimización en México: investigar en territorio de la delincuencia organizada. Vulnerabilidad ante la violencia, excepción y víctimas en Veracruz. En Markus Gottsbacher y John De Boer (Coords.), Vulnerabilidad y violencia en América Latina y el Caribe [pp. 108-131]. Siglo XXI Editores y Proyectos Estratégicos de Consultoría.
Misse, Michel. (2018). Una identidad para el exterminio. La sujeción criminal y otros escritos. Universidad de La Frontera/Universidade Federal do Rio de Janeiro/Universidad Nacional de La Plata/Universidade do Porto/Universidad de Groningen.
Olalde Rico, Katia. (2015). Marcos de duelo en la guerra contra el narcotráfico en México. Política y Cultura, 44, 57-77.
Padgett, Humberto. (2015). Guerrero. Los hombres de verde y la dama de rojo. Crónica de una Nación Gomera. Ediciones Urano.
Paredes Camacho, Paz Cintia Lorena. (2014). Ambientalismo, Género y Violencia La Organización De Mujeres Ecologistas De La Sierra De Petatlán, Guerrero [Tesis de doctorado, UAM-X].
Pereda, Valentín. (2021). Macabre ceremonies: How Los Zetas produces extreme violence to promote organizational cohesión. Violence: An International Journal, 2(2), 278–296.
Pleyers, Geoffrey. (2018), Movimientos sociales en el siglo XXI : perspectivas y herramientas analíticas,
Ramírez, Rubén Darío (2022), “Violencia crónica y ejecuciones en Michoacán, México: los sentidos de la fuerza ilegal”, Encrucijada Americana, 14(2), 85-102.
Rangel Lozano, Claudia y Sánchez Serrano, Evangelina. (2015). México en los setenta: ¿guerra sucia o terrorismo de Estado? Hacia una política de la memoria. Editorial Itaca/UAGro.
Reguillo, Rossana. (2013). De las violencias: caligrafía y gramática del horror. Desacatos, 40, 33-46.
Rivoir, Ana Laura y Morales, María Julia. (2019). Tecnologías digitales: miradas críticas de la apropiación en América Latina. CLACSO.
Robledo Silvestre, Carolina. (2014). Siguiendo las pistas del pozolero: Identidad y condición liminal en las desapariciones de la guerra contra las drogas. Frontera Norte, 26(52).
Robledo Silvestre, Carolina. (2016). Genealogía e historia no resuelta de la desaparición forzada en México. Íconos, 55, 93-114.
Savage, Saiph y Monroy-Hernández, Andrés. (2015). Participatory Militias: An Analysis of an Armed Movement’s Online Audience. Computer Science. https://doi.org/10.1145/2675133.2675295
Schedler, Andreas. (2016). En la niebla de la guerra. Los ciudadanos ante la violencia criminal organizada. CIDE.
Secretaría del Bienestar, Gobierno de México. (2023). Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2023, Guerrero [Documento]. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/791852/12Guerrero23.pdf
Serrano, Marcela. (2012). States of Violence: State-Crime Reltions in Mexico”, en Violence, Coertion, and State-Making in Twentieth-Century Mexico: The Other Half of the Centaur. Stanford University Press.
Serrano, Marcela. (2020). Del “momento mexicano” a la realidad de la violencia político-criminal”. Foro Internacional, LX(240), 791-852.
Sierra Caballero, Francisco. (2019). Tecnopolítica y nuevo ‘sensorium’. Notas para una teoría de la cibercultura y la acción colectiva. index.comunicación, 9(1), 173-193.
Sierra, Francisco y Gravante, Tomasso (Coords.). (2017). Tecnopolítica en América Latina y El Caribe, Quito, Ecuador y Salamanca. Comunicación Social Ediciones y Publicaciones.
Solano Ramírez, Gabino y Acuña Villavicencio, J. Kenny. (2021). Desplazamiento forzado interno y acumulación por despojo en la Sierra de Guerrero, México. Iberoamérica, (4), 127-145.
Tilly, Charles. (2004). The Politics of Collective Violence. Cambridge University Press.
Trejo, Guillermo y Ley, Sandra. (2016). Federalismo, drogas y violencia. Por qué el conflicto partidista intergubernamental estimuló la violencia del narcotráfico en México. Política y gobierno, XXIII(1), 11-56.
Valencia Triana, Sayak. (2012). Capitalismo gore y necropolítica en el México contemporáneo. Relaciones Internacionales, 19, 83-72.
Vargas Vásquez, Misael Sabás. (2016). La construcción histórica de la vida pública y política de la mujer sierreña: El caso de las Mujeres Ecologistas de la Sierra de Petatlán, Guerrero. Espacios Públicos, 19(45), 113-132.
Vilalta, Carlos. (2020). Violence in Latin America: An Overview of Research and Issues. Annual Review of Sociology, 46, 693-706.
Villarreal Martínez, María Teresa. (2014). Respuestas ciudadanas ante la desaparición de personas en México (2000-2013). Espacios Públicos, 17(39), 105-135.
Wieviorka, Michel. (2014). The sociological analysis of violence: new perspectives. The Sociological Review, 62(2), 50-64.
Wieviorka, Michel. (2018). Preventing and exiting violence: A domain for sociology?. The Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes, (5), 66-80.
Zárate, Ruiz Arturo (Coord.). (2014). Matamoros Violento. La ilegalidad en su cultura y la debilidad en sus instituciones, Tomo I y Tomo II. Colegio de la Frontera Norte.
Zavaleta Betancourt, José A. (2016). Vulnerabilidad ante la violencia, excepción y víctimas en Veracruz. En Markus Gottsbacher y John De Boer (Coords.), Vulnerabilidad y violencia en América Latina y el Caribe [pp. 90-107]. Siglo XXI Editores y Proyectos Estratégicos de Consultoría.
Zepeda Gil, Raúl. (2018). Violencia en Tierra Caliente: desigualdad, desarrollo y escolaridad en la guerra contra el narcotráfico. Estudios Sociológicos, 36(106), 125-159. https://doi.org/10.24201/es.2018v36n106.1562
Financiación y conflicto de intereses:
La investigación que origina este trabajo fue financiada por el Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) en el marco del Programa Estancias Posdoctorales por México, 2020-2022, para el proyecto: “Violencias y resistencias en los conflictos por los bosques en la Sierra de Guerrero”.
La autora de este texto declara a EntreDiversidades no tener conflictos de intereses al escribir y ceder para publicación el presente texto.
Notas
1 La región de la Sierra fue reconocida oficialmente en octubre de 2022 como la octava región del estado y comprende territorios pertenecientes a 15 municipios de las regiones Costa, Tierra Caliente y Centro. Es habitada bajo un patrón de dispersión poblacional en pequeñas poblaciones, localidades y rancherías; la propiedad de la tierra es principalmente ejidal y la producción agrícola de autoconsumo. El estado de Guerrero, ubicado al sur de país, es el segundo con mayores niveles de pobreza pues el 65.5% de la población vive en esta condición mientras que, el grado de rezago social y marginación es Muy Alto. (Secretaría del Bienestar, 2023)
2 Ejido Guajes de Ayala (26 de febrero de 2021). Video del perfil de Facebook del Ejido Guajes de Ayala, recuperado el 18 de noviembre de 2021. https://www.facebook.com/ejido.ayala/videos/235424201613439
3 Desde el enfoque de la sociología contemporánea para el estudio de las violencias y la ecología política latinoamericana esta investigación examinó las significaciones sociales de las violencias vinculadas a los conflictos asociados a los procesos de apropiación de los bosques, profundizó el estudio de los actores armados que intervienen en ellos e indagó las transformaciones ocurridas en la acción colectiva y las subjetividades dada la participación del crimen organizado en los mismos.
4 La OCESP, con una mística religiosa que promovía el cuidado de la vida y la conservación de la naturaleza, fue una movilización de base de trascendencia internacional que obtuvo amplio respaldo una vez que sus líderes Juan Bautista y Rodolfo Montiel fueran torturados y encarcelados por el ejército mexicano en 1999. En el año 2000 este último ganó el Premio Goldman, equiparable al premio Nobel para el caso de los ambientalistas, y en 2001 recibieron el Premio Chico Mendes. A finales del mismo año fueron puestos en libertad y vivieron fuera del estado de Guerrero. Su caso fue llevado con éxito a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ver: Nuestra lucha es por la vida de todos. El caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera y la Sentencia emitida en su favor por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Centro de Derechos Humanos Miguel Austín Pro Juárez, A.C. Disponible en: https://centroprodh.org.mx/wp-content/uploads/2020/11/CampEcolnuestralucha.pdf
5 Hasta 2017, “un campesino podía ganar 20,000 pesos ($1,050 dólares) por 1 kilo de goma de opio, lo que representa aproximadamente 200,000 pesos ($10,500 dólares) al año; posteriormente se estima que la ganancia oscila entre 6,000 a 8,000 pesos ($315 – 415 dólares) por kilo” (Le Cour, Morris y Smith, 2019, p. 2, traducción propia).
6 Información periodística indica que el líder de este grupo armado y comisario ejidal del Ejido Guajes de Ayala y el principal lugarteniente de la FM en la región, eran hermanos. Este último murió en marzo del 2023 en un enfrentamiento con elementos del ejército, a él se atribuyen los homicidios de Rubén Santana líder ecologista integrante de la OCESP en 2011, su esposa y su hijo en 2012, y otros crímenes que derivaron en el desplazamiento interno forzado de la comunidad de La Laguna, así como homicidios y enfrentamientos en años recientes con supuestos grupos rivales. Ver: https://suracapulco.mx/impreso/2/no-fue-emboscada-en-el-pescado-el-ejercito-rodeo-un-pueblo-y-siguio-a-los-sicarios-vecinos/; https://suracapulco.mx/impreso/grafico/mata-la-familia-michoacana-en-la-sierra-de-petatlan-a-chano-arreola-lider-de-un-grupo-rival/.
7 El “Chano Arreola” líder del grupo “Los Arreola” fue asesinado el 7 de agosto del 2023 por un grupo armado presuntamente vinculado a la FM en su racho ubicado en la comunidad serrana de El Parotal. Ver: https://suracapulco.mx/impreso/grafico/mata-la-familia-michoacana-en-la-sierra-de-petatlan-a-chano-arreola-lider-de-un-grupo-rival/
8 Ejido Guajes de Ayala, Facebook, fecha de consulta: 20 de mayo 2024, https://www.facebook.com/ejido.ayala/videos/301359295019929
9 Los videos posteriores a esta fecha no fueron analizados para este trabajo en tanto que el periodo de investigación comprende únicamente hasta el final del 2022.