Justus Fenner

Neutralidad impuesta.
El Soconusco, Chiapas, en búsqueda
de su identidad, 1824-1842

Año: 2019

Editorial: Centro de Investigaciones
Multidisciplinarias sobre Chiapas y la
Frontera Sur, Universidad Nacional
Autónoma de México

ISBN UNACH: 978-607-30-2868-4

Páginas: 337

Por Juan Pedro Viqueira Alban^*
Doi: https://doi.org/10.31644/ED.V8.N2.2021.R01

Entre 1825 y 1842, el Soconusco vivió una situación totalmente excepcional. Durante esos 17 años no formó parte ni de México ni de su vecino del sur —que fueron primero las Provincias Unidas de Centro América y, después de su disolución en 1839, Guatemala—, pero tampoco fue un país independiente. Las dos naciones entre las que se encontraba lo declararon “territorio neutral”, pero esta expresión oscurece más que aclara su peculiar realidad política. En esas casi dos décadas se gobernó sin que existiese una autoridad central. No tuvo jueces letrados ni cárceles. Obviamente, no existió forma alguna de poder legislativo. Es más, no se supo a ciencia cierta por cuáles códigos debía regirse: ¿Por las Leyes de Indias, a pesar de haber dejado de formar parte del imperio español desde 1821? ¿Por los nuevos códigos legales que lentamente se aprobaban en México y en Centroamérica? Tampoco contaba con una fuerza armada —ejército o policía—; solamente con milicias de ciudadanos voluntarios.

Aunque funcionarios de México y Guatemala recurrieron a ese epíteto, no se trató de una república anarquista, dado que existieron órganos de gobierno y autoridades electas. El Soconusco contaba con tres ayuntamientos —Escuintla, Tapachula y Tuxtla Chico—, conformados por un cabildo electo que se renovaba cada año y que tenían a su cabeza a un alcalde primero. Los 14 pueblos que los componían —poblados en su mayoría por indios, pardos y mulatos— habían conservado sus cabildos, también cadañeros, de origen castellano, creados durante el dominio español, que convivían, no sin fricciones, con los ayuntamientos de los que dependían. Tanto el alcalde primero de los ayuntamientos como los cabildos de indios o mulatos, a un menor nivel, impartían justicia haciendo la labor de jueces. La región tenía también sus autoridades religiosas: tres párrocos —uno por municipio—, que siguieron perteneciendo a la Diócesis de Chiapas y Soconusco, cuya sede se encontraba en Ciudad Real, la actual San Cristóbal de Las Casas.

La experiencia de este “territorio neutral” ha pasado totalmente desapercibida por parte de los politólogos, a pesar del enorme interés que representa para sus reflexiones teóricas: ¿Cómo funciona un territorio sin gobierno central, sin jueces letrados, sin un cuerpo represor separado de la población? ¿Qué sucede con el orden público, con los grupos de poder, con las distintas corporaciones? ¿Cómo se ventilan y resuelven los conflictos resultado de la convivencia humana y de la lucha por los recursos?

Los historiadores —mexicanos y guatemaltecos—, en cambio, han dedicado miles de páginas al Soconusco de aquel entonces.¹ Sin embargo, hasta fechas recientes, todos sus esfuerzos se habían centrado en documentar el conflicto diplomático que enfrentó a la república mexicana con su vecino del sur con el propósito de demostrar los legítimos derechos que cada nación alegaba tener sobre el Soconusco en particular y sobre Chiapas en general. Esos libros —varios de ellos auténticas minas de información por la transcripción de un gran número de documentos— son tan solo unos capítulos más del largo conflicto que enfrentó a las dos naciones vecinas y que en ocasiones amenazó con desatar una guerra. Sus autores, obviamente, carecen de toda imparcialidad y no se interesan en conocer lo que vivieron los soconusquenses en esos años; solo reiteran que estos siempre se sintieron mexicanos o guatemaltecos, según fuera la nacionalidad del historiador.

Afortunadamente, en las últimas décadas, investigadores académicos han abordado el estudio de la incorporación de Chiapas y del Soconusco a la república mexicana más con el afán de comprender e interpretar lo sucedido que con el de justificar o deslegitimar las acciones de una nación u otra.² Pero, a pesar de su calidad, el énfasis continuó puesto en la historia diplomática. Otros quisieron documentar la vida interna del Soconusco neutral, pero sus esfuerzos se vieron frustrados por la escasez de documentación local: el clima cálido y húmedo del Soconusco no es nada propicio a la conservación de los archivos. Solo ahora el historiador Justus Fenner ha logrado avanzar en esta tarea en su fascinante libro, Neutralidad impuesta. El Soconusco, Chiapas, en búsqueda de su identidad, 1824-1842.³

No es una casualidad que este investigador haya sido el primero en lograr acercarse a las experiencias de los soconusquenses durante esos años. Desde 1986, Justus Fenner se ha dedicado a rescatar del olvido y de la destrucción innumerables archivos locales, públicos y privados, en todo el territorio chiapaneco, además de haber prestado su ayuda y su asesoría experta a muchos de los grandes repositorios documentales del estado. El archivo histórico municipal de San Cristóbal de Las Casas se ha conservado gracias a que el 1° de enero de 1994 este historiador se armó de valor y fue a convencer a los zapatistas, que habían empezado a vandalizar el ayuntamiento, de que respetaran el archivo histórico, que resguardaba, según argumentó acertadamente, la memoria del pasado de los indígenas de Los Altos. Su apasionada defensa logró que el subcomandante Marcos ordenase poner sellos en la puerta del archivo municipal para salvaguardar así su integridad.

Con esos antecedentes, Justus Fenner se ha convertido en la persona que más sabe de archivos sobre Chiapas —no solo de los que se encuentran en el estado, sino también de los que existen en el país y en el resto de mundo—, especialmente los que contienen información posterior a la Independencia.⁴ Lógicamente, este historiador supo dónde encontrar los testimonios escritos que le permitieron rescatar algunos hilos de aquella sorprendente historia.

Pero, ¿cómo fue que el Soconusco acabó convertido en “territorio neutral” durante casi dos décadas? Tras la Conquista, el Soconusco, que había sido una provincia tributaria de México-Tenochtitlan, pasó a formar parte, junto con el llamado “Despoblado” —ahora la región Istmo-Costa de Chiapas—, de la gobernación del Soconusco, que a partir de 1569 quedó definitivamente sujeta a la Audiencia de Guatemala e incorporada al reino de ese mismo nombre, al igual que la vecina provincia de Chiapas. Al crearse la intendencia de Chiapas en 1786, la gobernación del Soconusco quedó integrada a esta como uno de sus tres partidos (los otros eran Tuxtla y Ciudad Real). Posteriormente, en 1805, como parte del proceso de creación de nuevos partidos más pequeños, se ordenó dividir dicho territorio en dos, segregando del Soconusco la antigua región de El Despoblado para formar con esta el partido de Tonalá.⁵

En agosto de 1821, tras conocerse el triunfo de Iturbide, varios ayuntamientos de Chiapas declararon su independencia de España y la incorporación de la intendencia a lo que sería el Imperio Mexicano. Su ejemplo fue seguido por algunas ciudades y provincias del reino, pero no así por las autoridades de Guatemala, que se limitaron a declarar su independencia. Solo meses después, en enero de 1822, las nuevas autoridades guatemaltecas, tras una consulta bastante caótica a los pueblos, aceptaron unirse también al Imperio Mexicano (Vázquez, 2009: 23-113).

Sin embargo, la abdicación de Iturbide, el 19 de marzo de 1823, puso en duda la permanencia del antiguo reino de Guatemala en la nueva república mexicana. En vista de esta situación, el 29 de marzo se convocó a un congreso con delegados de las distintas provincias del antiguo reino. Las autoridades de Chiapas se negaron a participar y, en cambio, el 8 de abril, autoridades civiles y eclesiásticas, junto con varios notables, acordaron instalar una junta de representantes de los 12 partidos existentes para decidir el futuro de la provincia. Dicha reunión tuvo lugar el 4 de junio en Ciudad Real. A pesar de que no acudieron los representantes de los partidos de Tapachula e Ixtacomitán, el 8 de junio se sometió a votación a qué nación debía agregarse Chiapas. El resultado fue un empate a cinco. Aunque la votación fue secreta, se conoce el sentido del voto de varios partidos. En efecto, los representantes de Tuxtla y Comitán habían defendido abiertamente la unión con Guatemala, mientras que el de Ciudad Real, la integración con México. En vista del resultado, los representantes de los partidos acordaron erigirse en Junta Suprema Provisional, misma que regiría a la provincia hasta que se tomara una decisión definitiva sobre su destino.

El nuevo gobierno de México, que deseaba la incorporación de Chiapas a su territorio, ordenó la disolución de la Junta Suprema Provisional aprovechando que tropas mexicanas se encontraban en Ciudad Real. Ello suscitó una amplia indignación, y varios ayuntamientos proclamaron el 26 de octubre el “Plan de Chiapas Libre”, logrando la reinstalación de la Junta y el retiro de las tropas mexicanas. Cinco meses después, el 24 de marzo de 1824, la Junta volvió a programar una reunión para acordar definitivamente a qué nación pertenecería Chiapas, pero en esa ocasión los términos de la convocatoria sufrieron un cambio drástico. La decisión no la tomarían los 12 representantes de los partidos, sino los ayuntamientos, con la peculiaridad de que los votos de cada uno de ellos se multiplicarían por su población total. Es lo que se conoce en Chiapas con el nombre muy poco afortunado de “plebiscito”. Así, por ejemplo, en Ciudad Real, 776 vecinos emitieron su opinión (775 a favor de México y uno por Guatemala), pero, de acuerdo a aquella lógica, se le computaron 10 000 votos a favor de la integración a México. Esta forma de contabilizar los votos favorecía sobremanera a los partidarios de la unión con México, ya que la región de influencia de Ciudad Real —Los Altos de Chiapas— era la de mayor densidad poblacional en la provincia. A ello se sumaba el hecho de que los mexicanistas habían triunfado el 1° de enero de 1824 en las elecciones del ayuntamiento de Comitán, que en aquel momento era la ciudad más pujante de la provincia (Trens, 1999: 217-242; Vázquez, 2017: 99-141).

La consulta a los ayuntamientos y el “cómputo” de los votos se demoró casi cinco meses. En el ínterin, el 3 de mayo el ayuntamiento de Tapachula —cabecera del partido— se pronunció a favor de la integración a México y nombró a su representante ante la Junta Suprema Provisional. Pero, el 24 de julio, el bando pro guatemalteco, aprovechando la ausencia de los alcaldes primeros de Tapachula y de Tuxtla Chico, declaró la agregación del Soconusco a Guatemala, lo que fue rápidamente aceptado por la Asamblea Constituyente de Centro América y, en cambio, rechazado por la Junta Suprema Provisional de Chiapas. A pesar de aquella declaración, el representante del Soconusco participó en la reunión en Ciudad Real del 11 de septiembre, en la que se contabilizaron los “votos” de los pueblos.⁶ El resultado fue de 96 829 votos para México, 60 391 para Guatemala y 15 724 indiferentes.⁷

A raíz de ello, tanto México como Guatemala reclamaron al Soconusco como parte de su territorio. El primero alegó que, al formar parte de Chiapas, este había quedado incorporado a su república, de acuerdo al conocido principio del derecho romano: “lo accesorio sigue a lo principal”. Guatemala, por su parte, legitimó su postura con base en la declaración del partido del 24 de julio. En enero de 1825, esta nación decidió hacer efectiva dicha incorporación y una fuerza armada ocupó el Soconusco. Lucas Alamán, a la sazón ministro de relaciones interiores y exteriores, amenazó, entonces, con enviar tropas para asegurar la soberanía mexicana sobre el Soconusco. Ante el riesgo de que se desatara una guerra, las dos naciones acordaron que el Soconusco sería un “territorio neutral” mientras se concertaba un tratado de límites, negociación que preveían no habría de tardar más de algunos meses. Las tropas guatemaltecas se retiraron del Soconusco, pero por pequeñas discrepancias en el contenido del acuerdo este nunca llegó a firmarse, de tal forma que quedó tan solo como un “pacto de caballeros”. Contrariamente a lo previsto, el tratado de límites no habría de concretarse en unos meses, sino que las negociaciones se demorarían 57 años para llegar a buen fin.

La creencia de que la ambigua situación del Soconusco sería de corta duración explica que no se hubiesen previsto medidas para su gobierno y que los alcaldes primeros de los tres ayuntamientos quedasen como las autoridades de más alto rango en el territorio. Esta situación excepcional habría de terminar abruptamente en 1842, cuando el presidente provisional Antonio López de Santa Anna, haciendo caso omiso del pacto con Guatemala, ordenó la invasión del Soconusco, alegando que sus habitantes, supuestamente hartos del desorden y de los conflictos en que se hallaban envueltos, suplicaban su incorporación a México.

¿Hasta qué punto eran ciertos esos alegatos? Esta es la pregunta central a la que busca dar respuesta el libro de Justus Fenner. Resumamos, aquí, la abundante información que Neutralidad impuesta aporta y sus principales argumentos. Ciertamente, durante esos 15 años el Soconusco no vivió en perfecta armonía. La región contaba tan solo con unos 10 000 habitantes, de los cuales las dos terceras partes eran indios y el resto pardos, mulatos, mestizos, junto con unos pocos —pero poderosos— españoles. Los tiempos del auge del cultivo de cacao —que llegó a ser el que se consumía en la corte española— habían quedado atrás como resultado de la catástrofe demográfica que había sufrido la región en el siglo XVI. En aquel momento, su mayor riqueza provenía de la ganadería, cuya producción era controlada en gran medida por tan solo tres familias españolas que poseían grandes extensiones de tierra. Los demás pobladores vivían de sus milpas, de la pesca y de la producción de algunos cultivos comerciales en pequeña escala, como eran el añil, la vainilla, el cacao y la caña de azúcar, que servía para producir aguardiente.

El principal y continuado motivo de diferencias políticas en el Soconusco provenía de la pretensión del ayuntamiento de Tapachula de erigirse por encima de los otros dos, dictándoles órdenes que Tuxtla Chico y Escuintla ignoraban deliberada y abiertamente. El ayuntamiento tapachulteco alegaba su superioridad dado que la villa había sido la cabecera del partido, aunque solo había alcanzado esa dignidad en 1794, cuando a raíz de una devastadora inundación las autoridades españolas abandonaron Escuintla, en donde habían residido desde fines del siglo XVII. Por su parte, Tuxtla Chico contaba con un número similar de pobladores que Tapachula, de tal forma que ninguna de las otras dos cabeceras municipales estaba dispuesta a reconocer la primacía de Tapachula.

Los párrocos fueron otro motivo de enconados pleitos, principalmente con su feligresía india. Para empezar, todos cobraban obvenciones excesivas. No faltaron, además, los que quisieron adueñarse del ganado de las cofradías o quedarse con parte del dinero recabado para la reconstrucción de la iglesia de Tapachula. Alguno llegó, incluso, a hacerse de tierras comunales para la crianza de su propio ganado.

Como era de esperarse, también hubo conflictos entre los pueblos y los grandes propietarios por el control de las tierras. De hecho, el número de fincas aumentó en esos años, aunque difícilmente ello puede achacarse a la falta de juzgados, ya que en los países vecinos se produjo el mismo fenómeno.

El ayuntamiento de Tapachula conoció una crisis seria en 1837 cuando el alcalde primero, Silverio Escobar —un hombre fuerte partidario de la integración con Guatemala—, huyó del pueblo a raíz de la epidemia de cólera que se había desatado. El resto del ayuntamiento, indignado por su cobardía, lo destituyó. Con el fin de recobrar su puesto, Silverio Escobar atacó Tapachula con 50 hombres armados, pero fue derrotado y se exilió en Guatemala. Uno de sus más cercanos seguidores, Ignacio Javalois, que también había sido alcalde primero, fue arrestado, juzgado y condenado a prisión; pero como no existían cárceles en el Soconusco, siguió en libertad.

Sin duda, el conflicto más agudo fue el que se desató a raíz del refugio que el Soconusco proporcionó al ex presidente de las Provincias Unidas de Centro América, Manuel de Arce, en el año de 1829. Este político aprovechó la protección de la que gozaba para reunir a sus seguidores en Tuxtla Chico y luego en Escuintla hasta conformar una fuerza de 200 hombres armados con el fin de lanzar una incursión a Guatemala y recobrar el poder. Mientras el ayuntamiento de Tapachula apoyaba los airados reclamos del gobierno de las Provincias Unidas de Centro América, Tuxtla Chico y Escuintla defendían con ahínco su derecho a ofrecer asilo político. Finalmente, el gobierno de Centro América, previo aviso al gobierno de Anastasio Bustamante, quien enfrentaba en ese momento una nueva rebelión de Santa Anna, lanzó una incursión sobre Escuintla, con el apoyo de voluntarios de Tuxtla Chico y de Tapachula. Dicha acción resultó de lo más sangrienta. Murieron 86 personas, el pueblo de Escuintla fue saqueado y sus casas, quemadas.

Justus Fenner, como buen historiador detallista, nos muestra en su libro la complejidad de estos conflictos. Las oposiciones nunca coincidían con las corporaciones existentes, ya que las diferencias se reproducían también en su interior. Aunque la historiografía tradicional ha querido presentar al municipio de Tapachula como pro guatemalteco y los de Escuintla y Tuxtla Chico como pro mexicanos, en cada uno de sus pueblos había partidarios de las dos opciones, que, incluso, se alternaron a la cabeza de los ayuntamientos. De igual forma, aunque el cabildo de Tuxtla Chico había defendido el asilo del ex presidente Manuel de Arce, cuando la incursión guatemalteca al Soconusco, varios habitantes del municipio se unieron a las tropas invasoras.

Finalmente, aunque hubo continuos conflictos entre campesinos indios y propietarios españoles y diversos roces entre los cabildos de los pueblos indios y los ayuntamientos controlados por ladinos, los naturales nunca hicieron frente común. No porque hablaran lenguas distintas, como supone Justus Fenner —la comunidad de lengua nunca ha garantizado una unanimidad política ni de ningún otro tipo, a pesar de la obstinación de muchos investigadores por denominar como etnias a lo que no son sino grupos lingüísticos—,⁸ sino por las inevitables diferencias entre pueblos vecinos y al interior de los mismos. De hecho, la diversidad de lenguas mesoamericanas habladas en el Soconusco era mucho mayor de lo que afirma el autor. Además del mam y del náhuatl —que funcionaba más bien como lengua franca—, se hablaban, a lo menos, el teco —emparentado con el mam—, el tuzanteco —una variante del motozintleco o mochó de la familia mayense— y el tapachulteco —de la familia mixe-zoque—.⁹

A pesar de estos conflictos —como bien lo señala el autor en las conclusiones de su libro—, cada año los cabildos de los tres ayuntamientos se renovaron tras celebrarse elecciones que nadie parece haber impugnado. Partidarios de la unión con México y defensores de la unión con Guatemala convivieron en los cabildos y se alternaron pacíficamente a la cabeza de estos. Sin duda, el hecho de que ambos bandos supiesen que nadie les consultaría a la hora de decidir a qué país se agregaría el Soconusco restaba importancia a sus posiciones al respecto.

En cambio, en esos años, en México y en las Provincias Unidas de Centro América —y luego en Guatemala— los conflictos políticos violentos, los golpes de Estado y las guerras civiles fueron el pan nuestro de cada día. No deja de ser irónico que fuese Santa Anna, el principal causante de la inestabilidad política de la república mexicana, quien ordenase la invasión del Soconusco para poner fin al supuesto desorden que reinaba en aquella región.

Quien mejor describió la paradoja del Soconusco neutral fue, sin duda, el comandante del piquete de soldados de Comitán, Eleuterio Negrete. En un informe que este redactó en 1831, y que Justus Fenner rescata del olvido, argumenta que el Soconusco, al carecer de un poder central, de leyes y de tribunales, debía vivir en un estado de total anarquía y despotismo. Pero como nada de ello sucedía, según había podido observar, la única explicación que se le ocurría era que sus habitantes eran pacíficos por naturaleza:

Su actual gobierno verdaderamente es el de una anarquía tolerada. Los pueblos, conforme a sus decretos que los han mantenido en neutralidad, deben ser regidos por sus autoridades locales. Los pequeños, por un hábito o costumbre, obedecen al alcalde de Tapachula por haber sido esta villa la residencia de los subdelegados y haber ocurrido allí por justicia y al pago de sus contribuciones. Mas los pueblos de Tuxtla y Escuintla no han prestado este reconocimiento, sino es en la manera que han querido y en los casos en que les ha dado la gana. Es verdad que el archivo del gobierno superior de la provincia se ha mantenido en Tapachula y, con este motivo, cuanto ocurre y tiene necesidad de cartularse [sic] se hace en esta villa bajo la autoridad del alcalde, autorizado con testigos. Por fortuna, son los habitantes de aquel país industriosos, alegres, pacíficos y, a excepción de pocos de Tapachula, en lo general hospitalarios, amantes de sus amigos y enemigos de pendencias, que, a no ser así, serían aquellos semilleros de perversos, hubieran desgracias y, como allá no se halla lo conveniente para la sustanción [sic] hasta la definitiva de una causa ni para la formalidad de los juicios ni cárceles para contener a los malhechores, y éstos estarían multiplicados en superlativo grado o los alcaldes deberían ser como monarcas absolutos, sin poderle remediar en las críticas circunstancias en que se han visto (citado en Fenner, 2019: 152-153).

A pesar de la paz relativa que gozó el Soconusco en comparación con lo que sucedía en las naciones vecinas, el autor no deja de señalar que ninguno de sus habitantes dejó testimonio escrito de que quisieran continuar en la situación en la que se encontraban. En el siglo del nacionalismo, no solo las declaraciones de las élites, sino también las solicitudes de los pueblos de indios, estuvieron todas encaminadas a pedir que se pusiera fin a tal anomalía política, ya sea incorporándose a México o a Guatemala.

En aquellos tiempos, los políticos y los periodistas se dirigían constantemente a unos ciudadanos que simplemente eran irreales dado que la sociedad se regía por lógicas enteramente corporativas.¹⁰ En forma similar, los pobladores del Soconusco clamaban por un Estado que garantizara la paz y el orden, que impartiera justicia y que protegiera a los débiles de los abusos de los poderosos, pero que, como no tardarían en descubrir, solo existía en su imaginación.

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Cuadro 1. Resultado de la consulta a los pueblos en 1824 según distintos censos

Fuente: Elaboración propia.