¿Protección o captura de la infancia? Menos muros y más herramientas para el Sistema de Protección Integral a la Infancia
Ningún niño sea privado de su libertad ilegal o arbitrariamente.
La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de
conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda.
Artículo 37, Convención sobre los Derechos del Niño y la Niña
Introducción
El presente artículo pretende reflexionar sobre el sistema de protección a la infancia que ofrecen instancias del gobierno mexicano, especialmente en la protección de niñas, niños y adolescentes, migrantes centroamericanos no acompañados, que se internan a territorio mexicano.
La niñez migrante centroamericana, detenida en su tránsito por México y cuyo destino o anhelo es arribar a Estados Unidos, se ve involucrada e inserta por el mismo sistema de detención y deportación que cualquier persona adulta en situación administrativa irregular. Es así como se lee en otros artículos de este mismo número de EntreDiversidades, debido a que en nuestro país sobresale la política migratoria restrictiva de control y seguridad nacional sobre cualquier otra, lo que conlleva una serie de violaciones a derechos humanos que las personas migrantes afrontan día tras día en la búsqueda de una vida digna.
Una vez que autoridades migratorias han detenido a niñas, niños y adolescentes, migrantes irregulares, éstos son “alojados”, como llaman a su detención, en las Estaciones Migratorias o Albergues Temporales. Debido a las características de alojamiento, los concebimos como Centros de privación de libertad, CPL. En estos espacios permanecen por tiempo irregular y se define por las gestiones que las autoridades competentes demoran en resolver su situación administrativa en el país. En este caso son autoridades migratorias de México, así como cónsules de esos países con oficinas en Tapachula, Chiapas.
Desde la labor de promoción y defensa de los derechos humanos que realiza el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, CDDHHFMC, ubicado Tapachula, Chiapas, uno de nuestros objetivos es realizar visitas semanales a cada uno de estos centros, conocidos como Estación migratoria y albergues temporales para niños y niñas migrantes. Dos son los objetivos que nos llevan a estas instituciones, el primero es monitorear la disposición y eficacia que tienen en relación con la obligatoriedad del ejercicio de los derechos de las personas migrantes; de forma similar seguimos protocolos de acompañamiento en los procesos en que son involucrados, ya sea de deportación o de solicitantes de asilo. Las observaciones en nuestras constantes visitas dejan muchas interrogantes reflejadas a través de las miradas de las y los ahí detenidas/os que, aunque se diga que es un albergue o una estación migratoria, los migrantes no dejan de percibirlo y vivirlo como un encierro —parecido a una cárcel, dicen muchos— del cual no tienen la libertad de salir ni cuestionar ni sentirse como sujetos de derechos plenos. Particularmente preocupante para ellos es la carencia de información y la observación de debidos procesos a su situación. En sus rostros se delinea una absoluta frustración; sus voces tímidas, sobre todo de indígenas guatemaltecos, expresan los sueños quebrados por haber fracasado su proyecto de llegar a Estados Unidos y la indignación por las injusticias cometidas en su contra. Del lado opuesto, muy pocas respuestas de parte de los administradores de estos centros, de los funcionarios, pero también de los empleados, asistentes, cocineros y vigilantes. La situación de niñas, niños y adolescentes migrantes ofrece situaciones similares, como así veremos.
En México, la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, NNA, migrantes no acompañadas/os en situación irregular, plantea retos vinculados con su condición y el contexto político de la región. Esto se suma a una larga tradición de omisiones en las obligaciones de protección por parte del Estado que tornan complejo el diseño y ejecución de respuestas estatales adecuadas y efectivas para la infancia migrante. Recientemente se han realizado una serie de acciones administrativas, legislativas y de índole judicial que intentan crear un marco integral de protección a sus derechos a nivel nacional contemplada en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, LGDNNA, que estados como Chiapas, Zacatecas y Tabasco, han intentado armonizar las leyes estatales con ésta.
Lo anterior es resultado de la relevancia que se ha dado a la situación de la infancia migrante no acompañada, que ha cobrado atención tanto en la agenda mediática como en la política migratoria de los países de la región, especialmente de los que involucra a Honduras, El Salvador, Guatemala y México. Esta situación cuestiona también uno de los temas fundamentales de la migración internacional: las causas estructurales que expulsan no sólo a las y los menores de edad, sino además a miles de personas de las más variadas experiencias de vida. Desde hace mucho tiempo, las organizaciones de la sociedad civil en esos países reportaban tanto un aumento en la cantidad de niñas, niños y adolescentes, como en el número de aquellos que migran sin compañía a temprana edad. Ante este panorama, es común que se haga énfasis en los números, en las estadísticas, y poco se apunta a la mirada sobre los testimonios detenidos y las voces encerradas que permitirían conocer más a las personas humanas y los complicados escenarios a los que se enfrentan.
Es por eso que en esta ocasión queremos dar lugar a la palabra de las niñas, niños y adolescentes de Centroamérica en situación de detención en el albergue temporal del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, DIF, en Tapachula, Chiapas, para que, a través de sus experiencias, valoremos empíricamente la importancia de “aterrizar” las nuevas leyes de protección integral a la infancia; también hasta donde es posible adecuar preceptos legislativos a las prácticas institucionales cotidianas.
Comenzaremos describiendo la realidad migratoria y de detención de la niñez, así como la situación del albergue temporal del DIF municipal; continuamos con el análisis de las experiencias narradas que han vivido tres mujeres adolescentes en el contexto del llamado sistema de protección mexicano:
• Guadalupe, adolescente originaria de Guatemala que llegó a trabajar a Tapachula y denunció a su empleador por violencia sexual. Espera en detención mientras se resuelve su caso.
• Rita, adolescente de El Salvador que iba a buscar a su madre a
Estados Unidos, huyendo de la violencia —generalizada y sexual— en su país, pero no se le identifica como solicitante de refugio. Espera unos días para su deportación.
• Carmen, adolescente que venía con su pareja huyendo del crimen organizado en Honduras y al solicitar refugio la separaron de ella. A pesar de sus intentos por desistir se le impone la “protección” y estará institucionalizada hasta que cumpla la mayoría de edad, 18 años.
Después del análisis de cada caso se identifican aquellos aspectos del proceso que están en marcha, algunos de los cuales necesitan mejorar o modificarse para el cumplimiento de la protección integral de todas las niñas, niños y adolescentes migrantes en tránsito que permanecen en México por tiempo impreciso.
Niñas, niños y adolescentes extranjeras/os frente a la política migratoria del Estado mexicano
Las políticas y prácticas frente a la migración en México polarizan las opiniones de actores sociales y gubernamentales respecto a su tratamiento. Mientras que académicos, sociedad civil y organismos internacionales pugnan por una política migratoria integral, basada en el principio de congruencia y la consistencia con los derechos humanos, la seguridad humana y el desarrollo; en el plano gubernamental impera el enfoque de la gestión de la migración que persigue intereses, objetivos y finalidades distintas y contradictorias. Por ejemplo, la discriminación, el racismo y xenofobia hacia el migrante han ido en aumento, situación que debería ser contrarrestada a través de medios de comunicación y de proyectos sociales educativos, pero no ocurre tal. Por el contrario, en situaciones particulares se fomenta el rechazo hacia las personas en situación de migración, sin excluir a menores de edad. En Tapachula es recurrente la publicación de notas periodísticas donde personas extranjeras son criminalizadas, señalándose responsables de los delitos que se cometen en la región; situación que provoca exacerbo en la sociedad. De tal forma que las violaciones a los derechos humanos de migrantes no son visibles porque son justificadas por gran parte de la población.
Desde hace más de una década, la política migratoria de México tiene como uno de sus principales objetivos contener y controlar a la migración en situación irregular, en particular la proveniente de El Salvador, Guatemala y Honduras. Esta migración que ingresa a territorio mexicano con la intención real o percibida de llegar a Estados Unidos, concentra a la inmensa mayoría de las personas identificadas, detenidas y deportadas[1] a sus países de origen por autoridades mexicanas.
Según estadísticas oficiales, de 2011 a 2016, 92% del total de detenciones realizadas por el Instituto Nacional de Migración, INM, corresponde a personas migrantes nacionales de uno de los tres países del llamado Triángulo Norte Centroamericano (Segob, 2016). Si bien año con año este número varía, la tendencia se mantiene.
La política de contención a la migración centroamericana es consistente con una política de Estado no escrita, vigente desde el siglo XX, de rechazo a la recepción e integración de personas extranjeras. Esto es relevante porque, aun cuando la migración de personas principalmente de Honduras, El Salvador y Guatemala, no se limita al tránsito, e incluso presenta necesidades de protección internacional, México no tiene actualmente una política migratoria integral en favor de la migración.
Ello se traduce también en la ausencia de políticas y prácticas de identificación y diferenciación de personas en situación migratoria irregular, así como de integración o asimilación de personas extranjeras que se asientan en territorio mexicano.
Así, el diseño y ejecución de la política migratoria resulta en un sistema de gestión administrativa y policial restrictiva donde agentes del Instituto Nacional de Migración, Policía Federal, Ejército Mexicano, Policías Municipales y Estatales participan en la identificación de la migración irregular en el país y la ponen a disposición de la autoridad migratoria para su detención y posterior deportación a los países de origen, con la mayor celeridad posible (Knippen, Boggs, Clay y Meyer, 2015: 10). Como una muestra de esto, en julio de 2014 el gobierno de Enrique Peña Nieto lanzó el Programa Integral de la Frontera Sur, PIFS, iniciativa que incrementó las detenciones y deportación de personas adultas y, exponencialmente, los de niñas, niños y adolescentes, en su mayoría provenientes de los países del Triángulo Norte Centroamericano. Hasta 2016, y como efecto de las acciones del Programa, 40,542 NNA fueron detenidas y detenidos, mientras que 34,056 resultaron deportadas y deportados, según cifras oficiales de la Secretaría de Gobernación (2016a).
La presencia de la niñez extranjera en los flujos migratorios irregulares no es un fenómeno nuevo. Hacia 2003, el diagnóstico sobre la situación de derechos humanos en México ya evidenciaba algunas de las violaciones a sus derechos (OACNUDH, 2003); y en 2011 las estadísticas migratorias de México reflejaron un aumento en el número de eventos de detención y devolución o retorno (Segob, 2016), aunque es hasta 2014 que se proporciona más información oficial para identificar con claridad la nacionalidad y composición de la infancia detenida y deportada principalmente hacia Centroamérica. Se estima que, tal y como ocurre con las personas adultas, la mayor parte de los eventos son de niñas, niños y adolescentes —no menos de 90%— originarios de los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Segob, 2016b).
Pero también observamos que, en el caso de centroamericanos que ya residen en la región del Soconusco y en general en otras de la frontera sur de México, hay diversidad de condiciones, pero prevalece la situación migratoria irregular de NNA. Muchas familias procedentes de Guatemala que se desplazaron forzadamente por la persecución a pueblos indígenas durante la dictadura militar en aquel país, nunca lograron arreglar sus documentos; situación similar ocurre con aquellos migrantes temporales que mantienen flujos migratorios circulares, quienes desde hace décadas migran para laborar en el cultivo de café, frutas y flores en la región Soconusco. Las niñas y niños de estas familias, cuando se vuelven adolescentes, comienzan su propio proyecto migratorio transfronterizo para trabajar en Tapachula, principalmente en el comercio informal y en el trabajo del hogar; la gran mayoría de ellos tampoco gestiona la documentación migratoria que les pudiera dar el estatus de regular.
De forma análoga ocurre con familias de El Salvador y de Honduras que durante los últimos años han incrementado su presencia en la región y deciden asentarse de manera más prolongada o definitiva. Al encontrar oportunidades laborales en el sector agrícola y en el comercio han resuelto asentarse y reforzar su estancia cuando encuentran parejas mexicanas y deciden unirse para formar familia aunque, al igual que muchos guatemaltecos, normalmente no regularizan sus papeles.
Las migraciones en tránsito más recientes de niñas, niños y adolescentes no acompañados, principalmente del Triángulo Norte de Centroamérica, son parte de un desplazamiento forzado a partir de la violencia estructural y crimen organizado y por la necesidad de la reunificación familiar, de sus progenitores principalmente, que migraron hace años a Estados Unidos.
Pero, como ya se dijo, la situación de estos NNA migrantes en tránsito se inserta en otra dinámica cuya prioridad es la detención y deportación, como se observa en las cifras oficiales, particularmente desde la creación de PIFS —puesto en marcha desde 2014—. La abrumadora tasa de deportación contrasta con las cifras ínfimas de acceso a la protección internacional. Pese a que el número de solicitudes de asilo y de resoluciones positivas han ido incrementando año tras año, en 2016 únicamente 231 NNA pudieron solicitar asilo en México; de éstos 98 obtuvo estatuto de refugiado y 26 de protección complementaria (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar, 2017), frente a 40,542 NNA detenidos y deportados en 2016 (Segob, 2016b).
Hasta hoy sólo a 131 NNA se les ha concedido protección internacional (Comar, 2017), pese a que la mayoría de ellos llega huyendo de una situación de violencia estructural en sus países, donde sobresalen los escasos o nulos marcos de defensa y amparo que dejan a la población en constante amenaza y absoluta desprotección. Lo anterior indica que hay aún una gran deuda pendiente en la identificación y acceso a los procedimientos de la condición de refugiado para esta población en situación de vulnerabilidad.
Grosso modo éstas son las condiciones en que se encuentran NNA que residen en Tapachula o están en tránsito, o se encuentran en calidad de alojados —detenidos— en los albergues del lugar que los sitúa en una situación en desventaja para el acceso a sus derechos de educación, salud, vivienda digna o laborales y, en muchos casos, impide la reunificación familiar. La condición de NNA solicitantes de asilo es más compleja ya que, al igual de quienes son deportados, aquéllos tendrán una estancia más prolongada en estos centros de detención, inmersos en un proceso de “aseguramiento”, es decir, de resguardo en estos albergues o Estación migratoria, mientras inicia una larga investigación para saber si realmente son verídicos sus testimonios de víctimas de violencia que ameriten el otorgarles refugio. En este sentido, las instancias oficiales encargadas de aplicar la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, LGDNNA, su Reglamento, así como los Sistemas de Protección Integral para NNA, en vigor desde 2014, se enfrentan al desafío de tomar en cuenta toda esta compleja trama.
Sistema de protección integral
Albergue Temporal para Niñas y Adolescentes migrantes del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia, DIF, del municipio de Tapachula
Es una institución que depende directamente de la administración del gobierno municipal de Tapachula, aunque debido a sus funciones y responsabilidades también recibe fondos del Alto Comisionado de Naciones Unidad para los Refugiados, Acnur, y de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, tanto para la capacitación del personal, como para la facilitación de insumos básicos que faciliten el funcionamiento cotidiano del albergue. Bajo el supuesto de que la migración internacional en México es principalmente de tránsito, este albergue, como lo indica su nombre, es un lugar de estancia temporal. Sin embargo, dentro de sus instalaciones muchas niñas y niños están bajo la condición de solicitantes de refugio y otros han sido canalizados por la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de Migrantes debido a que han sido víctimas de algún delito, por lo que sus estancias suelen prolongarse más tiempo de lo que al inicio se previó.
El albergue está equipado con un comedor, una jardinera, zona de lavaderos, tres oficinas administrativas, una bodega, una sala de lectura, un salón de actividades, un dormitorio con literas, sanitarios completos y un cuarto con cunas, ya que también recibe a jóvenes adolescentes que llegan con sus bebés recién nacidos o bien que nacen en México bajo la custodia del albergue.
El personal que labora en esta institución tiene diferentes perfiles profesionales, se compone de una trabajadora social, una psicóloga, enfermeras, cocineras y personal de limpieza general. De forma temporal llegan estudiantes de pedagogía y trabajo social de diferentes universidades en Tapachula para realizar prácticas o servicio social y así refuerzan las actividades de aquéllos. El máximo de niñas y adolescentes que hemos encontrado alojados en nuestras visitas, dentro de las actividades de CDDHH Fray Matías de Córdova, han sido diecisiete.
Como hemos mencionado, el albergue acoge a niñas, niños y adolescentes que no tienen una regular estancia en el país y que no cuentan en México con una figura adulta para su tutela oficial. Se les nombra como “niñas migrantes no acompañadas”. Sin excepción, todos provienen de Centroamérica: Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, y fueron detenidos por agentes del Instituto Nacional de Migración en algún punto fronterizo en su tránsito por México. Algunos de ellos eran parte de algún grupo que iba hacia EUA para reencontrarse con su familia y otros más venían huyendo de la violencia sin saber muy bien qué encontrarían en México. Una vez detenidos fueron conducidos a la Estación Migratoria Siglo XXI, en la misma ciudad de Tapachula, donde tomaron registro de sus datos personales y donde, en teoría, INM debió informar con toda claridad sobre la posibilidad de solicitar protección internacional, y si así fue, garantizar el acceso al procedimiento. Algunos manifestaron el interés de solicitar refugio, pero la mayoría desistió de esa posibilidad porque no tenía mucha claridad de qué se trataba e implicaba lo mencionado. Lo que sí tuvieron claro es que aceptar ese ofrecimiento les implicaría prolongar, de manera indefinida, su estancia en el alberge temporal de DIF y permanecer, o ser detenidos, por tiempo impreciso. Ya que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar, iniciaría el recogimiento de información y el posterior análisis de cada caso. Al final de un tiempo prolongado, la resolución no siempre ha favorecido la solicitud de refugio, pues no todos son candidatos al otorgamiento del mismo. En caso de que algunas y algunos, o uno/una, le es reconocido y se le concede el estatus de refugiada/refugiado, o se le brinda “protección complementaria”, será trasladada a otro albergue de “puertas abiertas” donde podrá estudiar o trabajar, y se le brindará techo, alimentación, vestido y atención médica hasta que cumpla la mayoría de edad, 18 años.
El procedimiento de solicitud dura al menos tres meses, a veces se ha extendido hasta seis meses. Todas las solicitantes esperan en el albergue de DIF, de “puertas cerradas”, durante ese tiempo. Según la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, LRPCAP, si no se ha reconocido como refugiada a la niña o el niño, tendría el derecho a la instancia administrativa de apelación pero, por lo general ante la falta de información y acompañamiento profesional, o el estrés generado por el encierro, muy pocas de ellos lo solicitan. Las niñas y niños que no solicitan refugio generalmente esperan, en el mismo albergue, la asistencia consular para validar la nacionalidad y posteriormente ser retornados a sus países de origen.
Otra instancia que canaliza niñas y adolescentes a este lugar es la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos en contra de Inmigrantes, debido a alguna investigación, en proceso, sobre violencia intrafamiliar que se haya iniciado por alguna denuncia de algún vecino o pariente. También recibe a menores de edad en cuyo contexto social y/o familiar se haya dado una detección, de parte de la policía, de alguna situación de trata, o por alguna denuncia que las mismas niñas o adolescentes hayan llegado a realizar —vinculada con violencia, acoso u hostigamiento sexual, laboral, entre otros—. Si las niñas o niños son extranjeros que carecen de documentación que les permita una estancia regular, les toca esperar un tiempo indeterminado en tanto se realizan las gestiones pertinentes para solucionar su caso; algunos se han resuelto en pocos días, otros en más de seis meses. No hay un tiempo preciso que indique su permanencia en el albergue de DIF. En breve, podemos señalar que en nuestras constantes visitas encontramos niñas y jóvenes provenientes de realidades y contextos muy diversos; la mayoría con experiencias de mucha violencia y con el elemento en común de no tener el documento que le permita su regular estancia en México.
El actual equipo del albergue hace frente, con profesionalismo y compromiso, a este amplio espectro de necesidades que se despliega ante la diversidad de historias que envuelve a las NNA así como los procesos jurídicos, administrativos, interculturales, psicoafectivos que han de atravesar. Desde hace un año, CDDHH Fray Matías de Córdova monitorea semanalmente esta institución, en este tiempo hemos podido observar diversos cambios, muchos de los cuales tienen que ver con el propio personal que ahí labora, y otros con la estructura física del espacio. Particularmente sensible es el carácter hermético del lugar, desde el cual se priva a las niñas y los niños del contacto con el exterior bajo el argumento de salvaguardar su seguridad; en el día con día y en la construcción de rutinas esta situación genera mucha tensión por la experiencia, real y objetiva, de la condición carcelaria que en su interior se vive.
Si bien también observamos logros importantes en el albergue de parte del equipo de atención, podemos reconocer las limitaciones estructurales que frenan el proceso de crecimiento integral de las niñas y adolescentes, así como su acceso a la justicia.
Dicho esto, entremos en las narrativas de los tres casos de mujeres adolescentes migrantes, descritos en la introducción, que trazan las experiencias de la detención migratoria en los centros de INM y del Sistema DIF en Chiapas. En clave testimonial, se leen las experiencias que ponen a prueba al Sistema Integral de Protección a la Infancia y a todas las instancias involucradas, incluido el centro de derechos humanos Fray Matías de Córdova.
Acceso a la justicia: “Me capturaron a mí y no a mi violador” Tapachula representa para muchas personas una posibilidad de mejorar económicamente, sobre todo si son provenientes de los departamentos fronterizos de Guatemala, zonas donde su población es principalmente indígena y la fuente de empleo es la agricultura. No obstante, históricamente a la ciudad llegan cientos de mujeres y niñas para emplearse como trabajadoras del hogar, actividad que mayormente la realizan en condiciones de explotación laboral, trabajando jornadas largas y percibiendo un sueldo desproporcional a lo trabajado (CDDHHFMC, 2012). Así como muchas otras mujeres, en el siguiente caso se reflejan los diferentes riesgos que han vulnerado la vida de una mujer, menor de edad, indígena y extranjera.
Guadalupe. 15 años. Guatemala.[2]
Tengo 15 años de edad y viajé desde el municipio de Tacaná, en San Marcos, Guatemala, en compañía de una de mis hermanas, con la ilusión de poder [trabajar y] ayudar económicamente a nuestra familia.
Después de un tiempo me establecí como trabajadora del hogar en Tapachula. Mis labores diarias consistían en: limpiar la casa, preparar la comida, lavar, planchar, ayudar en el negocio de venta de aguas que los empleadores tienen y cuidar a una niña de dos años. Por hacer eso me pagaban 1,500 [pesos] al mes; en diversas ocasiones no tenía día de descanso y no me permitían salir de la casa. En varias ocasiones me violaron sexualmente el empleador y su hermano. A partir de eso me he sentido muy triste.
El lunes 6 de junio de 2016, con una amiga fui a la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos en Contra de lnmigrantes [para denunciar las agresiones de que he sido objeto], pero mi declaración no fue tomada hasta el otro día. Tampoco me dieron atención médica.
Después de la denuncia en la Fiscalía, fui trasladada al DIF, estando aquí en el albergue, me preocupaba mucho mi familia, porque ellos no saben nada de mí y creo que se han de estar muriendo de hambre, porque ya no he mandado nada de dinero. Aquí no me creen nada de lo que les he contado. Me siento muy avergonzada de que me hayan llamado mentirosa, de haber pasado tanto tiempo encerrada y todo por 1,500 pesos [cuando estuve como empleada doméstica], que fue el pago que me debían por lo trabajado.
¿Qué hacer cuando llega una adolescente que fue abusada sexualmente? A ella lo que más le preocupa es que no está enviando dinero a su familia y se va a morir de hambre, como ella misma argumenta. Guadalupe no sabe cuál es exactamente el objetivo de su permanencia en ese lugar, no se le explica que procedimiento tendrá para canalizar su queja ni recibe un acompañamiento psicosocial que le ayude a sobrellevar el abuso de que ha sido objeto.
Los espacios destinados para la protección de la infancia como el albergue, podría ser un espacio para sanar, para replantear su proyecto de vida, para velar porque se defienda el debido proceso en el acceso a la justicia, pero sobre todo y con el debido cuidado, para velar por el cumplimiento del Interés Superior de la Niñez.
El hecho de que el albergue sea un espacio limpio y el personal haga todo lo posible porque sea cálido y agradable no quiere decir que la protección sea un hecho. Para realmente poder atacar las raíces de las violencias por las que son expulsadas las niñas y adolescentes de su país, así como las que se enfrentan el venir a Tapachula a trabajar, se necesita movilizar recursos, coordinación real entre instituciones, todo con la mirada puesta en ¿qué más podemos hacer? para mejorar la situación de no sólo esta niña o adolescente que acaba de llegar, si no la de todas las demás, pues esto no es un caso aislado.
“También puedes contar con México, aunque no parezca…”
Durante el movimiento migratorio de principios de los años 80, en el que miles de centroamericanos se desplazaron hacia Estados Unidos y ante el creciente aumento de los flujos migratorios, muchas familias comenzaron a experimentar la desintegración familiar, padres y madres salían de sus países en busca de alcanzar el “Norte” para poder darles una mejor vida a sus familiares. Hijos/as que se quedaron a la espera de sus padres en el país de origen, bajo el cuidado de la abuela, tías u otros familiares, por causa del incremento de la violencia en Centroamérica se han visto también en la necesidad de emprender la experiencia migratoria y continuar bajo la guía de las huellas que han dejado sus padres en el paso por México.
Rita. 14 años. El Salvador.[3]
Yo trabajé desde los 11 años en mi país, El Salvador, buscando otras opciones de “vida”, pues allá está muy duro. Pensé en irme con mi mamá, ella se fue hace 12 años a Maryland [Estados Unidos]. Prácticamente yo me he criado sola. Mi papá nomás se la pasaba tomando, ahora ya entiendo que eso era, porque de niña me decía “ahorita vengo, voy a la cancha”, pero ¿quién va a jugar a las 12 de la noche?
Desde hace unos años, un pandillero, compañero de mi escuela, me comenzó a acosar, insistiendo en que fuera su novia, inventando rumores sobre nosotros. Y la escuela decidió expulsarme. Finalmente, enfrenté una situación que detonó mi salida. A mí me lastimaron… me violaron, fueron cuatro pandilleros. No se lo dije a mi papá, no sabía cómo iba a reaccionar, pero a mi mamá sí. Y por eso me ayudó con el coyote [para ir a EUA].
Yo trabajé de todo lo que pude, era pequeña y no me querían dar trabajo, pero ahí poco a poco: hacía mandados, vendía cosas, y así fui juntando [dinero]. El dinero que me mandaba mi mamá lo ahorraba, no compraba nada en el recreo, quería juntar para irme con mi mamá un día. Ya cuando pasó todo esto mi mamá me mandó lo que me faltaba para pagar al coyote, iba con otros tres, y nos abandonó, íbamos en Oaxaca caminando y nos dijo, “espérenme, voy por algo”, pasó mucho rato y no llegó; quien si llegó fue la “migra”.
Estuve detenida unos días en Oaxaca, luego unos días en la Estación Migratoria [en Tapachula] y finalmente en el albergue DIF [Municipal, en Tapachula]. En ninguno de estos momentos alguien platicó conmigo para saber cuáles fueron mis motivos para salir del país. Nadie me informó que tenía derecho a solicitar refugio u otras formas de protección y atención.
Rita, como la mayoría de las niñas que pasan por el albergue del DIF, no recibe la información adecuada o simplemente no recibe ningún tipo de asesoría e información. Ella está en espera de su deportación sin haber importado conocer los motivos que urgieron su intento de migrar hacia Estados Unidos para poder reunificarse con su madre.
La migración, en su caso, se vio como una alternativa viable —aunque no posible— ante el abandono de los gobiernos del compromiso por procurar la vida digna y segura de los habitantes de su país, una reacción a la distribución desigual de recursos y derechos en este mundo globalizado. Las lógicas capitalistas, en estos países de gran tradición migratoria hacia EUA, han impuesto el imaginario colectivo en las niñas y niños centroamericanos en el que se dibuja al país del norte como el lugar ideal en el que es posible una vida mejor.
Es aquí donde nos preguntamos sobre los límites y los alcances de la protección internacional y las posibilidades reales de estar al alcance de las personas que la requieren, como Rita. ¿Qué otras opciones pudieron habérseles brindado a esta adolescente de 14 años? Al parecer ninguna más que devolverla al lugar donde su experiencia de violencia es altamente significativa. Comenzar a nutrir los imaginarios de otros caminos, hacerle sentir que si EUA no la recibe no le queda más que la muerte. Podría tener otras opciones si en México, en el albergue de Tapachula, se le hubiesen dado las oportunidades y posibilidades de ser una solicitante de refugio; pero no. Voltear la mirada, hacerse a un lado, taparse los ojos, aguantar la respiración y sumergirse en lo que la gente va o viene, en lo que las niñas ven cómo le hacen para enfrentar al sistema que la expulsó o ante el miedo a las pandillas.
La presencia de organizaciones civiles en las instituciones de “protección” podrían brindar o enriquecer la información hacia la niñez. Rita no contaba con la información sobre las opciones de acceso a la protección en México. No obstante, al final fue informada, o limitadamente informada, de que podría tener acceso a la protección. Sin embargo, prevaleció más la transmisión de la experiencia negativa de las demás niñas alojadas en el albergue solicitantes de refugio. Éstas, agotadas del encierro, lo único que transfirieron a Rita fue el constante sentimiento de incertidumbre y estrés de estar encerradas por mucho tiempo; que cada vez dudaban más si al final de la larga espera les sería otorgado el tan anhelado refugio y que si la protección les garantizaría una vida digna. La incertidumbre de Rita abre cuestionamientos sobre el llamado Sistema de Protección de la Infancia, ¿existe tal sistema de protección en México?
Al observar los esfuerzos del personal del albergue y los logros al trabajar en la autoestima y salud física de las niñas que lograron permanecer un tiempo en ese lugar, a pesar del encierro, pensamos qué destellos de un sistema de protección orientado al cuidado, eficaz y comprometido es posible. Ante eso, no podemos dejar de preguntar ¿cómo sería si se trabajara a puertas abiertas y reconociendo las particularidades de cada historia de niña y joven?, ¿qué es lo que falta para llegar a eso?, ¿recursos materiales?, ¿recursos humanos?, ¿voluntad política?, ¿todo ello, al mismo tiempo? Sin duda, asalta la utopía. No obstante, estas preguntas son fundamentales para derribar los mitos de las instituciones y sus objetivos: si son tan utópicos, ¿por qué se plantean esos objetivos?
Proteccion forzada y la no institucionalización de los vínculos
Honduras ha sido uno de los países donde la violencia en los últimos años se ha recrudecido a causa de las pandillas, gran parte de la población se ve afectada por esta situación, por lo que generalmente la única alternativa para salvaguardar la vida es salir de su país y dejarlo todo. La niñez en Honduras se ve altamente afectada por esa situación, como escuchamos en muchos testimonios recabados de niños y niñas que han sido reclutados para formar parte de las filas de las pandillas, o el peligro aumenta cuando viven en zonas en disputa viéndose muchas veces entre fuegos cruzados. En el caso de las niñas la situación es cada vez más grave, pues desde edades tempranas y en espacios públicos, como los escolares, son reclutadas para servir como “novias” de pandilleros, quienes incrementan la mercantilización de la mujer, la objetificación de los cuerpos femeninos y refuerzan la situación de violencia de género y sexual que desplaza forzadamente a mujeres desde Centroamérica (KIND y CDDHH Fray Matías de Córdova, 2017).
No obstante, las condiciones de violencia que las obliga a salir de sus países no concluye con la huida o desplazamiento forzado. Estas mujeres muchas veces son objeto de una violencia continuada, que se reproduce en el tránsito por otros países de Centroamérica, CA, y que no cesa a su paso o llegada a Tapachula. La detención sin haber cometido un delito, el traslado a unas instalaciones en las que oficialmente se encuentran “alojadas” pero que en la práctica no pueden salir y en donde ven menoscabados sus derechos, así como los laberintos burocráticos para acceder a la protección tan prometida, parecen situaciones en un guión de una película de horror:
Carmen. 17 años. Honduras.[4] El día 12 de octubre de 2016 salí de Honduras con mi pareja, Luis, los papás de mi pareja, mi cuñado Fernando y mi concuña Sara —pareja de otro hermano de Luis, asesinado por la pandilla—. Dormimos en Ciudad de Guatemala y llegamos a la frontera sur de México el 13 de octubre. Cruzamos el río [Suchiate] a través de las cámaras. Al llegar al otro lado, tomamos una combi y pedimos ir a Tapachula. Alrededor de 15 minutos después el chofer de la combi se detuvo en un puente y nos dijo que nos bajáramos y que teníamos que cruzar a pie porque se acercaba un control migratorio. Cruzamos a pie, pero aun así los agentes de INM nos detuvieron a todas y todos.
Primero, nos metieron en “la perrera” y luego nos trasladaron a la Estación Migratoria Siglo XXI, donde comunicamos nuestra situación de miedo y persecución por los cuales salimos de Honduras. El 19 de octubre nos iniciaron el procedimiento de solicitud de Refugio [en la Delegación chiapaneca de Comar], y le tomaron fotografías a toda la familia. Ese día, una persona de INM encargada de los procedimientos de Comar, nos dijo a Sara y a mí que probablemente nosotras dos íbamos a tener problemas para entrar dentro del mismo procedimiento que el resto de la familia por no tener acta de matrimonio.
El 2 de noviembre le dicen a mis suegros y a mi cuñado Fernando que podían salir de la Estación Migratoria y seguir con el trámite de Comar en libertad. Ellos decidieron salir, pero Luis no aceptó acompañarlos porque insistió en que yo estaba ahí dentro y no deseaba salir sin mí.
El jueves 3 mi suegra nos fue a visitar y nos informó que nosotras no estábamos incluidas en el mismo procedimiento que el resto de la familia, y nos mostró la constancia donde no aparecían nuestros nombres ni nuestras fotografías. Sara y yo buscábamos hablar con el Cónsul y luego nos encontramos con una persona de Comar que ese día estaba en la estación migratoria. Esa persona nos entrevistó a cada una por separado, nos informó oficialmente que nosotras estábamos en procedimientos, de solicitud de refugio, separadas. Yo me molesté y le dije que mi esposo y mis suegros son mi familia. No nos dieron alternativa a la detención más que seguir con el procedimiento por separado o bien desistirse de éste. En el momento yo dije que sí quería desistirme de solicitar refugio, pero una funcionaria de la Comar me dijo que lo pensara mejor, que nos daría unos días para pensarlo y que muy pronto seríamos trasladadas al DIF Municipal.
El lunes 7 de noviembre fuimos llevadas al DIF, ahí informamos a la coordinadora que queríamos desistirnos del procedimiento de refugio. Ella estuvo hablando con agentes de Comar, quienes le dijeron que irían personalmente al DIF.
El viernes 11 de noviembre llegó al albergue del DIF una persona de Comar quien nos explicó cómo escribir la carta de desistimiento. Nosotras escribimos y firmamos dos documentos cada una: la carta de desistimiento y la ratificación.
El martes 15 y el sábado 19 de noviembre autorizaron una visita a nuestros familiares. En teoría el acuerdo era autorizar las visitas dos veces por semana; pero no fue así.
El miércoles 23 de noviembre nuestros familiares llegaron nuevamente de visita y coincidió con la llegada del personal de Comar. Llegaron para hacernos la entrevista de elegibilidad. Yo estaba muy molesta porque deseaba desistirme del procedimiento, por lo cual opuse resistencia a la realización de la entrevista, expresé que no quería ser grabada. Una de las licenciadas estaba muy molesta, y me respondió que si yo continuaba con el desistimiento volvería a Honduras den-tro de cuatro meses. Yo sentí estas palabras como una amenaza. Al finalizar la entrevista esa licenciada me dijo que no podíamos recibir visitas.
El sábado 26 de noviembre vino de visita solo mi esposo, él estuvo conmigo unos minutos y luego la coordinadora del albergue habló a solas con él y le explicó que ya no podía seguir con las visitas, que ella había recibido “órdenes superiores”. Luego nos dijo lo mismo a mí y a Sara.
El 28 de noviembre llegó al albergue personal del INM, a quien entregamos un nuevo documento de desistimiento con su respectiva ratificación.
El miércoles 30 de noviembre llegó al albergue otra persona de Comar por otro caso y yo le reclamé el no haber tomado en cuenta nuestro desistimiento y la lentitud de la decisión, estaba muy molesta con la Comar. Le dije a esa licenciada que si seguían tardándose iba a demandar a la Comar, ella me contestó: “házlo, yo soy abogada”.
El martes 9 de diciembre mi suegra se acercó al albergue del DIF para intentar visitarnos, pero no la dejaron entrar. Entonces nosotras nos asomamos por la ventana y a señas le indicamos que hablara con la procuradora municipal, ella así lo hizo. Ella la mandó con el cónsul para que le diera el documento de vínculo familiar.
El viernes 9 de diciembre escribimos una carta de queja en contra de la Comar pidiéndole que por favor nos aceptara el desistimiento, no lo tomó en cuenta. Estuvimos esperando entonces hasta que dieran la respuesta.
Después de esperar, encerradas en el albergue, a que Comar llevara a cabo su procedimiento, en marzo de 2017 les respondieron: se otorga el reconocimiento de la condición de Refugiada a Carmen. A Sara, la joven viuda, se lo niegan y la deportan a Honduras. Luego de esta notificación se intentó hacer más llevadera la estancia de Carmen en el albergue, en tanto se gestionaba la documentación que diera validez a la condición de refugiada. Mientras se le permitiría la visita de su pareja y sus suegros una vez por semana. Así estuvieron durante tres meses más, hasta que la trasladaron a otro albergue de “puertas abiertas”. A la pareja y suegros de Carmen les negaron el reconocimiento de solicitantes de refugio, por lo que no pueden aún transitar por el país. Así, Carmen parece que tiene la opción de ser protegida por el Estado, pero no con las personas que ella desea estar. Por eso ella había insistido en desistir, para ser deportada y luego regresar y buscar, junto con las personas que ella siente que son su familia, opciones de una regular estancia en el país, de encontrar un lugar donde puedan vivir en paz.
¿Cómo podemos actuar de forma más efectiva las instancias que vigilamos los debidos procesos para señalar y lograr sanciones ante la prepotencia o negligencia de instancias como Comar? ¿Por qué aunque todas las personas que trabajamos en las instituciones vemos que Carmen debe estar fuera de la institución llevando su proceso y llevando su vida familiar como ella lo decida, no lo podemos hacer porque no hay un papel que oficialice/legalice su vínculo familiar?
Pensando en Carmen y Rita: ¿por qué a una persona que quiere desistir no se le escucha y a otra que no sabe que tiene esa opción y la necesitaría mucho no se le ofrece? Es así debido a que no cuenta realmente con nadie más, ni siquiera se le menciona o se le ayuda para ver las posibilidades que tendría y poder construir su plan de vida. Parece que las instituciones de protección, y sus agentes, provocan en muchas ocasiones el alejamiento, la clandestinidad; la burocracia y el rigor del cuidado sólo alejan y empujan a situaciones de vulnerabilidad, como volver a lugares riesgosos, mantenerse escondida, transitar con miedo o por zonas peligrosas, exponerse una y otra vez a extorsiones y detenciones. Leyes o sistemas para proteger a la infancia y adolescencia que no reconocen las condiciones en las que se crece, en las que se vive, no pueden concebirse como instituciones integrales. Más que protección, en sentido estricto, se privilegia el carácter regulatorio, la normativización, la persecución, la captura.
A pesar de que cada vez es más frecuente encontrar espacios donde se plantean discursos sobre el respeto y reconocimiento a los derechos humanos en los últimos años, lamentablemente no se ven reflejados en la práctica. Tratándose de la niñez en situación de migración, donde concurren elementos que hacen de esta población un sector preponderantemente vulnerable, tal y como se advierte en los testimonios compartidos, no se materializa la perspectiva de derechos humanos ni la aplicación del interés superior de la niñez. No se escucha la opinión del niño, niña o adolescente; sino que se prioriza su detención y permanencia en albergues. Aun en casos donde están acompañadas/os, como en el testimonio de la menor de edad que viajaba con su pareja y familia política, por no demostrar un vínculo familiar, en sentido estricto, es imposible que espere su procedimiento de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada en libertad viviendo con ellos. Así, también se observa con claridad que no hay atención especializada a las y los menores de edad víctimas de delito, donde en uno de los testimonios expuestos nos enfrentamos a una práctica carente de enfoque de género, pues la misma procuradora resta credibilidad al relato de la niña víctima de violación. Estas situaciones hacen incomprensible que ante tantos cambios y reformas legislativas continúen las mismas prácticas; sin embargo, somos conscientes que ése es uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos en el día con día.
Preguntas. A manera de conclusión
¿Acaso no es una contradicción absurda que, siendo la niñez uno de los
entes más protegidos e idealizados por diversas instituciones sociales, esté siendo encerrada con el argumento de “protegerla”? ¿De quién/qué la protege? El gobierno mexicano y su sistema de protección a la niñez no sabe cómo reaccionar cuando la idea de la protección “amenaza” la soberanía, pareciera que deambula en un sinsentido político, social, cultural, económico y de todas las índoles, pues las condiciones de detención, la detención misma y la incertidumbre que experimentan las niñas, niños y adolescentes en los albergues contradicen el espíritu del sistema de protección. Este sistema no sólo afecta a niñas y niños involucrados en procesos migratorios, además engulle las buenas voluntades y prácticas de aquellos actores y aquellas instancias que cuidan, restringiendo cada vez más su accionar sometiéndolas/os a decisiones ejecutivas que deterioran sus objetivos de ayudar y procurar el interés superior del niño y la niña.
El sistema de vida colapsa cuando nos asomamos a la triste realidad de muchas y muchos de aquellas y aquellos antes los cuales rendimos y atribuimos toda la responsabilidad de construir un mundo mejor, pero que no tenemos reparo en encerrar durante largos periodos ante el argumento del “aseguramiento” y el “alojamiento”.
Algunas recomendaciones
Para construir una estrategia de atención y protección integral, interdisciplinaria e interinstitucional para las niñas y niños
Contar con protocolos y rutas claras de atención a casos críticos o de riesgo agudizado, especificando los roles de cada profesional y resguardando los principios de protección y no revictimización.
Fortalecer el flujo de información entre las y los distintos profesionales que atienden a las niñas, niños y jóvenes, cada uno desde su rol y responsabilidad —médica, jurídica, social, psicológica—, en pro de los principios de protección y no revictimización.
Fortalecer la comunicación con las instituciones responsables de los procedimientos jurídico y administrativo de las jóvenes, niñas y niños —INM, Fiscalía, Comar—, para garantizar una atención adecuada que implique contar y brindar información clara y oportuna sobre su situación.
Habilitar las figuras planteadas en la nueva Ley de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, de “coadyuvancia” y “suplencia”, a través de mecanismos de colaboración interinstitucional para la búsqueda conjunta de vías y opciones jurídicas y en la atención.
Llevar a cabo reuniones mensuales entre las distintas instituciones/personas/profesionales que facilitamos espacios educativos y de atención a las jóvenes, niñas y niños; con el fin de poner en común metodologías de trabajo, analizar problemáticas y construir, de manera conjunta, un plan de trabajo en pro de las jóvenes, niñas y niños.
Personal del albergue procurará contactar a estas personas con quien deba brindarle información respecto de sus procedimientos jurídicos —Fiscalía, Procuraduría de la defensa de la niñez, Comar, INM— y registrará en una bitácora las visitas de información.
Para el cuidado del personal responsable
Para lograr tener un espacio institucional emocionalmente saludable, consideramos importante brindar también espacios adecuados del equipo responsable del cuidado de la niñez, considerando la dificultad emocional del trabajo que implica el contacto permanente con las problemáticas que viven las niños, niños y jóvenes. Para ello se proponen:
Sesiones de grupo en las que se pueda hablar y reflexionar sobre sus experiencias y emociones del trabajo y convivencia con las niños, niñas y jóvenes, de preferencia facilitadas por un/a profesional externa a la institución.
Espacios para la participación y formación en materia de derechos humanos y movilidad humana, mediante metodologías participativas: resolución de conflictos, intervenciones artísticas.
Bibliografía citada
Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, CDD-HHFMC, 2012, “Por el reconocimiento a la contribución significativa de las trabajadoras del hogar de la economía global”, disponible en http://bit.ly/2wa5Mbk [fecha de consulta: 10 de septiembre de 2017].
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar, 2017, “Estadísticas”, disponible en http://bit.ly/2pxG77D [fecha de consulta: 12 de mayo de 2017].
Kids in Need of Defense, KIND, y Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, 2017, “Childhood Cut Short: Sexual and Gender-based Violence Against Central American Migrant and Refugee Children”, disponible en http://bit.ly/2rXqbwt [fecha de consulta: 8 de junio de 2017].
Knippen, Jose, Clay Boggs y Maureen Meyer, 2015, “An uncertain path: justice for crimes and human rights violations against migrants and refugees in Mexico”, disponible en http://bit. ly/2vUT4sK, [fecha de consulta: 12 de julio de 2017].
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, OACNUDH, 2003, “Diagnóstico sobre los Derechos Humanos en México”, disponible en http://bit. ly/2f7Uc9g [fecha de consulta: 12 de mayo de 2017].
Secretaría de Gobernación, Segob, 2016a, “Boletines Estadísticos Anuales -2016”, disponible en http://bit.ly/1MphFr5 [fecha de consulta: 12 de mayo de 2017].
Secretaría de Gobernación, Segob, 2016b, Unidad de Política Migratoria, disponible en http://www.politicamigratoria.gob.mx/es_ mx/SEGOB/Extranjeros_alojados_y_devueltos_2016 [fecha de consulta: mayo de 2017].
Notas
* Correos e.: gespinosan1510@gmail.com; defensa@cdhfraymatias.org Fecha de recepción: 19 09 17; Fecha de aceptación: 29 09 17.
1 Los eufemismos utilizados por el Instituto Nacional de Migración, INM, son “Retorno Asistido”, “Aseguramiento”. En este artículo utilizaremos los términos “deportación” y “detención” para hacer énfasis en lo violatorio que resulta la ejecución de la política de control migratorio.
2 Testimonio recabado en el Albergue Temporal para niñas migrantes. Tapachula, Chiapas.
3 Testimonio recabado en el Albergue Temporal para niñas migrantes. Tapachula, Chiapas.
4 Testimonio recabado en el Albergue Temporal para niñas migrantes. Tapachula, Chiapas.